Por: Carlos Jaime Fajardo
Revista Viento del Sur
12 febrero de 2011
La semana pasada en Colombia, se cumplieron veinte años de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, con la ilusión de lograr la paz y la justicia social, por medio del Estado social de derecho. Si bien se logró consagrar normas como la tutela y los derechos fundamentales, que hoy están en riesgo con la actual propuesta de Santos, de convertir la sostenibilidad fiscal como derecho supremo y por tanto hay que rechazarlo, debe decirse también que el espíritu de dicha constitución fue neoliberal. Tal vez uno de los cambios mas nefastos es cuando se dispuso que parte de los derechos se convirtieran en servicios que el Estado debe garantizar, lo que unido a las famosas reglamentaciones, ha llevado a un retroceso económico y social tanto de la nación como de los sectores populares en general.
Ejemplo de ello, es la ley 142 sobre servicios públicos que desmontó los subsidios y permitió la privatización de los mismos, implicando mayor costo para gran parte de la población; de igual manera la ley 100 sobre seguridad social, llevó a la perdida de la red pública de hospitales, de la calidad de la salud, con paseos de la muerte, para convertirla en un jugoso negocio de las EPS; la ley 30 sobre educación superior, llevó a una perdida de calidad educativa en las universidades, tanto por los recortes presupuestales como por las reformas curriculares, ello bajo la lógica del capital humano, que busca técnicos y profesionales baratos y calificados para las grandes multinacionales; la ley de compraventa de tierras conocida como la 160 llevó a una mayor concentración de ésta en pocos terratenientes, destruyendo la economía campesina, perdiendo con esto seguridad alimentaria, las leyes ambientales, que dejan sin agua, páramos y bosques a las comunidades rurales para entregarlas a empresas privadas, entre muchas otras leyes.
Adicionalmente, hemos perdido empresas estatales que nos pertenecían entregándoselas a los megamonopolios. Puede mencionarse TELECOM que quedó en manos de telefónica de España, las carreteras en manos de las concesiones privadas, las hidroeléctricas departamentales hoy en manos de inversión extranjera, la venta del 20% de ECOPETROL, los parques de recreación en manos privadas, los páramos concesionados a multinacionales del turismo, etc., esto sin contar la reestructuración de entidades y perdida de la estabilidad laboral de los empleados estatales y trabajadores en general.
Como si fuera poco, dicha asamblea facilitó el cobro del IVA, el cuatro por mil, rete fuente a las prestaciones de servicios, altas tarifas por los servicios bancarios, facilitó el desalojo de sus viviendas a mas de un millón de familias por parte de la banca privada, etc, etc. Ya que todo lo anterior fue aprobado por el Congreso, firmado por los respectivos presidentes y ratificado por la Honorable Corte constitucional, es decir nada anticonstitucional.
Lo anterior lleva a reflexionar sobre, a quién terminó sirviendo la famosa séptima papeleta, que se quiso presentar como algo revolucionario, pero en realidad implicó la ruina de la nación y sectores vulnerables, lo que tiende a agravarse con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos. Esto lleva a plantear a largo plazo, la necesidad de construir un nuevo proyecto de sociedad, antes que limitarse a defender los pocos aspectos democráticos de la carta magna.
Revista Viento del Sur
12 febrero de 2011
La semana pasada en Colombia, se cumplieron veinte años de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, con la ilusión de lograr la paz y la justicia social, por medio del Estado social de derecho. Si bien se logró consagrar normas como la tutela y los derechos fundamentales, que hoy están en riesgo con la actual propuesta de Santos, de convertir la sostenibilidad fiscal como derecho supremo y por tanto hay que rechazarlo, debe decirse también que el espíritu de dicha constitución fue neoliberal. Tal vez uno de los cambios mas nefastos es cuando se dispuso que parte de los derechos se convirtieran en servicios que el Estado debe garantizar, lo que unido a las famosas reglamentaciones, ha llevado a un retroceso económico y social tanto de la nación como de los sectores populares en general.
Ejemplo de ello, es la ley 142 sobre servicios públicos que desmontó los subsidios y permitió la privatización de los mismos, implicando mayor costo para gran parte de la población; de igual manera la ley 100 sobre seguridad social, llevó a la perdida de la red pública de hospitales, de la calidad de la salud, con paseos de la muerte, para convertirla en un jugoso negocio de las EPS; la ley 30 sobre educación superior, llevó a una perdida de calidad educativa en las universidades, tanto por los recortes presupuestales como por las reformas curriculares, ello bajo la lógica del capital humano, que busca técnicos y profesionales baratos y calificados para las grandes multinacionales; la ley de compraventa de tierras conocida como la 160 llevó a una mayor concentración de ésta en pocos terratenientes, destruyendo la economía campesina, perdiendo con esto seguridad alimentaria, las leyes ambientales, que dejan sin agua, páramos y bosques a las comunidades rurales para entregarlas a empresas privadas, entre muchas otras leyes.
Adicionalmente, hemos perdido empresas estatales que nos pertenecían entregándoselas a los megamonopolios. Puede mencionarse TELECOM que quedó en manos de telefónica de España, las carreteras en manos de las concesiones privadas, las hidroeléctricas departamentales hoy en manos de inversión extranjera, la venta del 20% de ECOPETROL, los parques de recreación en manos privadas, los páramos concesionados a multinacionales del turismo, etc., esto sin contar la reestructuración de entidades y perdida de la estabilidad laboral de los empleados estatales y trabajadores en general.
Como si fuera poco, dicha asamblea facilitó el cobro del IVA, el cuatro por mil, rete fuente a las prestaciones de servicios, altas tarifas por los servicios bancarios, facilitó el desalojo de sus viviendas a mas de un millón de familias por parte de la banca privada, etc, etc. Ya que todo lo anterior fue aprobado por el Congreso, firmado por los respectivos presidentes y ratificado por la Honorable Corte constitucional, es decir nada anticonstitucional.
Lo anterior lleva a reflexionar sobre, a quién terminó sirviendo la famosa séptima papeleta, que se quiso presentar como algo revolucionario, pero en realidad implicó la ruina de la nación y sectores vulnerables, lo que tiende a agravarse con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos. Esto lleva a plantear a largo plazo, la necesidad de construir un nuevo proyecto de sociedad, antes que limitarse a defender los pocos aspectos democráticos de la carta magna.
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