Carlos Jaime Fajardo
13:23h. del Jueves, 10 de agosto de 2006.
En este 7 de agosto, fecha en la que se conmemoraron 187 años del triunfo de los patriotas sobre los realistas colonizadores, se posesionó el presidente Uribe por segunda vez. En esta ocasión, la banda presidencial fue puesta al revés por la presidenta del Congreso. Además, dicha posesión no contó con la presencia de presidentes suramericanos que han levantado las banderas bolivarianas. ¿Qué significa esto? ¿Son coincidencias? Al hacer una breve comparación entre dos modelos, el de Uribe Vélez y el de Evo Morales, se puede dar parte de la respuesta a los interrogantes planteados.
Los recursos naturales
Una de las formas como expoliaron estas tierras los españoles fue el saqueo del oro, situación defendida por los realistas de manera vehemente. Sin embargo hoy, al igual que hace 500 años en busca de El Dorado, se vuelve a promover dicha práctica. Por ejemplo, en el articulo de El Tiempo “Lo que Colombia ofrece”, del día 23 de enero de 2006, se da cuenta de la licitación a tres áreas con potencial aurífero para ofrecerlas a los inversionistas en el primer trimestre. Estas son: La Vega-Almaguer (Cauca) con 3.625 hectáreas; Pantanos Pegadorcito (Dabeiba y Frontino, Antioquia) con 2.800 hectáreas; y Piedra Ancha-Guachavez (Nariño) con 9.856 hectáreas.
Pero, ¿quiénes se van a beneficiar de esta feria de recursos mineros? Según el artículo de la revista Semana “Cazadores de tesoros”, del mes de noviembre de 2005, se puede evidenciar que la multinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti, la segunda del sector en el mundo, explorará oro en 1,2 millones de hectáreas distribuidas en varias zonas de Bolívar y Antioquia, además de los trabajos que hoy adelanta en Cauca y Nariño. La multinacional Colombia Goldfields, radicada en Canadá, firmó acuerdos para explorar el metal precioso en Antioquia y Caldas, con inversiones que podrían llegar a los 200 millones de dólares en los próximos cinco años, la que alistó sus acciones en las bolsas de Francfort y Berlín, anunciando que su proyecto de Caramanta (en las montañas de Marmato) promete rendimientos de hasta el 100% en los próximos años. La compañía Greystar adelanta desde hace varios años inversiones de exploración minera. Es el caso del proyecto conocido como Angostura, en California, Santander. Allí se podrían extraer hasta 300 mil onzas por año, y ya hay reservas probadas de 10 millones de onzas. Hasta el momento, esta compañía ha realizado inversiones por unos 35 millones de dólares.
No en vano los discursos presidenciales del 20 de julio y del 7 de agosto han insistido en garantizar la inversión de capital extranjero para lo que ya el gobierno expidió el código minero. Pero en estos discursos no se dice que estas multinacionales están despojando a campesinos de sus tierras y quebrando a los productores artesanales del oro en diferentes regiones del país. Similares despojos sucedieron en la época de la conquista contra los pueblos indígenas.
Otro caso de la feria de recursos naturales es el petrolero, que el gobierno Uribe una vez reelecto anunció, con la privatización del 20% de Ecopetrol. Con el achaque de la capitalización, remedando a Sánchez de Losada en Bolivia para entregar el petróleo a las multinacionales. Ya en el año 2004 el gobierno Uribe expidió el decreto 1760, que escindió la empresa y le cambió su naturaleza, convirtiéndola en una sociedad por acciones.
Simultáneamente, el gobierno ha implementado determinaciones en materia de política petrolera, conducentes a la desnacionalización de la industria. También decidió prorrogar los contratos de asociación del gas de La Guajira, y del crudo de Sabana de Torres y Caño Limón, beneficiando a las multinacionales Chevron, Texaco y Oxy; dispuso el regreso al contrato de “concesión moderna”, que concede el 100% de la producción a las transnacionales; entregó los campos de producción directos mediante contratos de crudo incremental y alianzas estratégicas a la Oxy, Schulemberger y BP entre otras; así mismo, anuncia la venta de la refinería de Cartagena y abandona deliberadamente el mantenimiento del complejo de Barrancabermeja con el fin de facilitar su desmonte y posterior privatización. (Véase: Becerra y Navarro, “Huelga petrolera y lucha popular”, en Revista Viento del Sur, N. 1, octubre de 2004).
Por otra parte, en dirección contraria, el gobierno de Evo Morales, en defensa de los intereses nacionales, emitió el 1 de mayo de este año los decretos sobre la nacionalización de hidrocarburos. Las multinacionales afectadas fueron un total de veintidós: Empresa Petrolera Andina S.A, Empresa Petrolera Chaco S.A, Repsol YPF, E&P Bolivia S.A, BG Bolivia Corporation, PAE E&P Bolivia Ltd, Vintage Petroleum Boliviana Ltd, Petrobras Bolivia S.A, Total Exploration Production Bolivie, Dong Won Corporation Bolivia, Mobil Boliviana de Petróleos Inc, EPEC Ventures Bolivia Corporation, Petrobras Energía S.A. Sucursal Bolivia, Pluspetrol Bolivia Corporation S.A, Petrolex S.A. Tecpetrol de Bolivia S.A, Canadian Energy Enterprises (CEE) Bolivia SRL, Monelco SRL, Matpetrol S.A, Servicios Integrales EPSI Ltda, Sterner Investments Corp, Orca S.A. Realmente era toda una expedición de multinacionales las que estaban saqueando ese país.
Los defensores de estas multinacionales pusieron el grito en el cielo argumentando que la nacionalización es una medida “utópica”, “irrealizable”; significaría para el país un “salto al vacío” en el contexto actual de la globalización de la economía y de la industria petrolera mundial. (Di Mirko Orgáz Garcia, “¿Es posible la nacionalización del gas?”, junio de 2004, www.cedib.org). Con el decreto 28701 dichas multinacionales están obligadas a entregar su producción de gas y crudo a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que decidirá sobre su comercialización, transporte, almacenaje, exportación, precios y volúmenes.
Uno de los argumentos de Evo para la nacionalización fue de carácter legal, ya que la constitución política de Bolivia, en el artículo 137, reza que los hidrocarburos son de propiedad inalienable de la nación boliviana, por lo que el marco jurídico dejado por Sánchez de Losada, -capitalización, ley de hidrocarburos y decreto supremo 24806-, que transfiere la propiedad de los yacimientos a las extranjeras compañías del petróleo es ilegal e inconstitucional. La política de defender los recursos naturales bolivianos del saqueo extranjero se ha extendido también al recurso del gas, ya que esta ha sido una reivindicación popular. Recuérdense los levantamientos de octubre de 2003 con este objetivo.
Reforma agraria
En el caso colombiano, los censos agropecuarios del DANE muestran que el 0,4 %, es decir, solamente 15 mil personas disponen del 50% de la tierra útil para labores agropecuarias en Colombia, es decir, de las mejores. En Colombia hay 114 millones de hectáreas de tierra. De éstas, 51.3 millones de hectáreas son consideradas como superficie agropecuaria, de las cuáles sólo 10 millones son realmente adecuadas para la agricultura. Actualmente se usan para esta actividad unos cuatro millones de hectáreas, mientras que 30 millones se usan para la ganadería extensiva. (Véase: Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, “El neoliberalismo, la cuestión agraria y el conflicto social y armado en Colombia”, ponencia presentada en la Conferencia Internacional “El otro Davos”, enero de 2001, en: www.prensarural.org).
Esta situación ha lanzado a gran parte de campesinos desplazados a abrir nuevas fronteras agrícolas en zonas de colonización, viéndose obligados a sembrar miles de hectáreas de coca, por ser el único cultivo rentable.
Por su parte, el gobierno Uribe ha propuesto confiscar las tierras donde haya sembrados de uso ilícito. En los hechos, estas tierras están en zonas de colonización en las que no hay títulos de propiedad, que en su mayoría son tierras ocupadas por colonos expulsados de otras regiones o son zonas de economías campesinas marginadas.
En un estudio encargado por el Banco Mundial a la Universidad de los Andes, y publicado recientemente, puede leerse lo siguiente: “El desplazamiento puede estar generando una contrarreforma agraria’ hacia una reconcentración de tierras en grandes proporciones. Estimaciones recientes sugieren que la tierra abandonada por desplazados en años recientes asciende a cuatro millones de hectáreas, cifra que casi triplica la tierra redistribuida durante más de cuatro décadas de reforma agraria...” (Citado por Juan Camilo Restrepo, “Los señores de la tierra”, periódico El Espectador).
Ante esta situación, el señor presidente actúa al revés, al igual que su “banda”, buscando legitimar y legalizar dicha concentración de la tierra por medio de la ley de “justicia y paz”. En cambio uno de sus invitados ausentes, Evo Morales, ha actuado de manera diferente. Sobre la reforma agraria, en el marco del plan “Revolución Agraria”, se aprobaron siete decretos, uno de los cuales autoriza la distribución inmediata de 2.2 millones de hectáreas de tierras fiscales en favor de quienes no la tengan. También entregó títulos comunitarios, equivalentes a 3.1 millones de hectáreas, a los pueblos Chiquitano, Tentayapi y Chacobos, así como a campesinos de los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija.
Este plan, además, contempla la subvención estatal a la producción de artículos estratégicos como la quinua, el trigo, la cebada, entre otros. El objetivo de este programa es lograr acceso a mercados como China, África y Europa. También se prevé iniciar un proceso de mecanización municipal del agro, es decir que el estado otorgue a cada municipio una decena de tractores que luego serán usados por los productores agropecuarios. (Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, periódico N. 2, agosto de 2006).
En los próximos días se efectuará una segunda fase de reforma agraria anunciada por el presidente Evo, consistente en la reversión de las tierras de los terratenientes que no cumplen un fin social, tierras ociosas, tierras improductivas. También se llevará a cabo la asamblea constituyente, que busca una serie de transformaciones de la sociedad boliviana, tales como la implantación de las autonomías regionales en el marco de la construcción de la nación.
El tratamiento indígena
Una última comparación es el tratamiento que Uribe les da a los pueblos originarios o aborígenes. Recordemos las ultimas movilizaciones que estas comunidades realizaron para resistir a las políticas que buscan despojarlos de sus territorios y costumbres, como las leyes del agua, de páramos y forestal, al igual que el TLC que socava su seguridad alimentaria, en las que fueron reprimidos de manera brutal al igual que en el pasado lo hacían en las expediciones de Ampudia, Añasco y posteriormente la de Pablo Morillo, con el argumento de civilizar y pacificar. Tal como sucedió el pasado mes de mayo en el departamento del Cauca, al suroccidente del país, donde los indígenas fueron asesinados, desaparecidos, heridos, maltratados y saqueados por ordenes directas del gobierno Uribe. En cambio, el gobierno boliviano viene haciendo un reconocimiento a las luchas históricas de estos pueblos, los cuales, por primera vez en la historia contemporánea, han asumido la dirección de su país, encabezados por Evo.
En síntesis, la anécdota de la “banda” presidencial no fue casualidad sino que expresa los intereses antinacionales del presidente Uribe. Lo expuesto previamente muestra que lo que existe en el gobierno es una “banda” de neorrealistas. Por eso, cuando él dice “compatriotas” se refiere a los dueños de empresas multinacionales, y no a la mayoría de los colombianos. Por alguna razón, los presidentes progresistas de Latinoamericana no asistieron a la posesión, tal vez para no deshonrar esta memorable fecha para la lucha por la soberanía nacional.
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