Por Carlos Jaime Fajardo
10 de Octubre de 2011
Han sido innumerables los escándalos de violación de derechos humanos por parte de las fuerzas militares colombianas, entre tales están los llamados falsos positivos, bombardeo a población civil, desaparición forzada, homicidio de líderes sociales, lo cual ha generado una avalancha de demandas contra el Estado en organismos internacionales. Es probada la vinculación de muchos integrantes de dichas fuerzas con los paramilitares y los narcotraficantes en las mencionadas violaciones, llevando a que existan más de 4.000 oficiales y suboficiales investigados por esta situación.
Llama la atención, una serie de propuestas por parte de funcionarios estatales la semana pasada, para beneficiar a los victimarios implicados en tales violaciones, una la hizo la vice procuradora Castañeda de incluir a narcotraficantes y miembros de las llamadas bandas criminales en la Ley de Justicia y Paz, el Ministro de Defensa Pinzón de fortalecer el fuero militar por medio de la reforma a la justicia, el senador Roy Barreras en el marco de la justicia transicional, facilitando la participación en política de paramilitares desmovilizados, el vicepresidente Garzón con la propuesta de perdón y reconciliación integral, esto sin mencionar la iniciativa del Senador Corzo sobre inmunidad parlamentaria para los parapolíticos, presentada días anteriores. A todas luces propuestas desde diferentes flancos para garantizar la impunidad.
El debate se ha centrado en buscar beneficios para los militares, pues se argumenta que existe baja moral en la tropa ante la posibilidad de demandas por violación a derechos humanos, fortaleciendo el llamado fuero militar, que consiste en que los tribunales y cortes marciales serían los encargados de juzgarlos, esto ya está consagrado en el artículo 221 de la Constitución, para los delitos cometidos en servicio activo. Ahora se busca que los levantamientos de los “combatientes” no los haga la fiscalía sino los mismos militares y que la justicia penal ordinaria no opere, entre otros beneficios. Hay que recordar que las Fuerzas Militares hacen parte del poder ejecutivo, que predomina ante los otros dos, legislativo y judicial, lo cual ha desequilibrado la democracia liberal durante varias décadas en Colombia.
¿Entonces qué es lo que sucede?, que la propuesta de perdón y olvido, así como la de participación política de actores ilegales de derecha desmovilizados y la de fortalecer el fuero militar, evidencian que el proceso de fascistización de las instituciones estatales se mantiene junto a la impunidad, en cuyo interior se presenta un cambio en el modelo de represión del Estado, requiriendo para ello nuevos recursos legales.
Han sido innumerables los escándalos de violación de derechos humanos por parte de las fuerzas militares colombianas, entre tales están los llamados falsos positivos, bombardeo a población civil, desaparición forzada, homicidio de líderes sociales, lo cual ha generado una avalancha de demandas contra el Estado en organismos internacionales. Es probada la vinculación de muchos integrantes de dichas fuerzas con los paramilitares y los narcotraficantes en las mencionadas violaciones, llevando a que existan más de 4.000 oficiales y suboficiales investigados por esta situación.
Llama la atención, una serie de propuestas por parte de funcionarios estatales la semana pasada, para beneficiar a los victimarios implicados en tales violaciones, una la hizo la vice procuradora Castañeda de incluir a narcotraficantes y miembros de las llamadas bandas criminales en la Ley de Justicia y Paz, el Ministro de Defensa Pinzón de fortalecer el fuero militar por medio de la reforma a la justicia, el senador Roy Barreras en el marco de la justicia transicional, facilitando la participación en política de paramilitares desmovilizados, el vicepresidente Garzón con la propuesta de perdón y reconciliación integral, esto sin mencionar la iniciativa del Senador Corzo sobre inmunidad parlamentaria para los parapolíticos, presentada días anteriores. A todas luces propuestas desde diferentes flancos para garantizar la impunidad.
El debate se ha centrado en buscar beneficios para los militares, pues se argumenta que existe baja moral en la tropa ante la posibilidad de demandas por violación a derechos humanos, fortaleciendo el llamado fuero militar, que consiste en que los tribunales y cortes marciales serían los encargados de juzgarlos, esto ya está consagrado en el artículo 221 de la Constitución, para los delitos cometidos en servicio activo. Ahora se busca que los levantamientos de los “combatientes” no los haga la fiscalía sino los mismos militares y que la justicia penal ordinaria no opere, entre otros beneficios. Hay que recordar que las Fuerzas Militares hacen parte del poder ejecutivo, que predomina ante los otros dos, legislativo y judicial, lo cual ha desequilibrado la democracia liberal durante varias décadas en Colombia.
¿Entonces qué es lo que sucede?, que la propuesta de perdón y olvido, así como la de participación política de actores ilegales de derecha desmovilizados y la de fortalecer el fuero militar, evidencian que el proceso de fascistización de las instituciones estatales se mantiene junto a la impunidad, en cuyo interior se presenta un cambio en el modelo de represión del Estado, requiriendo para ello nuevos recursos legales.
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