Por: Carlos Jaime Fajardo
Revita Viento del Sur
11 de Julio de 2011
Indudablemente el conflicto armado que se vive en el país tiene causas estructurales que deben ser resueltas, sin embargo, éste se incrementa por las agitaciones de la industria militar para obtener ganancias, como es el grupo social empresarial de la defensa. Particularmente en el caso del departamento del Cauca, región de gran riqueza en recursos naturales y minerales la disputa por el control territorial se ha agudizado. Desde hace meses las fuerzas militares desplegaron una campaña de cerco a los frentes guerrilleros que operan en la zona, sin lograr el objetivo propuesto, debido a las raíces históricas de la insurgencia en la región, el abandono del Estado a sus habitantes, las condiciones geográficas y climáticas, lo cual ha llevado a cuestionar la capacidad militar del Estado.
En ese contexto, los sucesos del pasado 9 de julio en diferentes municipios del norte del departamento, entre ellos Toribío, Corinto y el corregimiento de Siberia, donde la insurgencia atacó, así como los combates en Caldono, han llevado al gobierno Santos al desespero.
Entre las medidas propuestas para la región, está el incremento del pie de fuerza de ejercito y policía y la creación de un batallón de alta montaña en Tacueyó, pero nada se dijo de arreglar las carreteras secundarias destruidas por el invierno y el abandono estatal, ni nada sobre la crisis de salud que vive el departamento, nada de inversión social; sin embargo ante dicho desespero, propuso violar el Derecho Internacional Humanitario.
El titulo IV del protocolo II adicional a los convenios de Ginebra, considera que por ningún motivo se debe atacar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, como son las viviendas, sin embargo el presidente Santos en el consejo de seguridad realizado en Popayán capital caucana y argumentando que la insurgencia las utiliza, afirmó: “hemos tomado la medida que de hoy en adelante se destruirán las casas que utilice el terrorismo para atacar la fuerza publica o a la población”. Como ya se dijo, destruir viviendas de los habitantes del norte del Cauca, para combatir la insurgencia, aumenta el riesgo de los moradores y por ende es violar el Derecho Internacional Humanitario, DIH, siendo sin duda una medida desesperada. Este fin de semana ya se bombardearon casas en San Pablo (Bolívar), provocando desplazamiento de sesenta familias campesinas.
Por lo tanto se requiere que los organismos de control como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos, y los medios de comunicación comerciales y alternativos, hagan presencia en la zona para evitar abusos contra los campesinos e indígenas caucanos, que en su mayoría viven en condiciones precarias.
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