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En el año 2004 nació el proyecto de la Revista Viento del Sur en Colombia, con publicaciones semestrales. Hoy llegamos a la edición No. 8, hemos realizado programas radiales cada semana en la Ud Stereo durante los últimos 5 años. Se han desarrollado seminarios académicos sobre temas como: La historia de la protesta urbana en Bogotá, los 80 años de la Masacre de las Bananeras, Memoria de las revoluciones, e Industrias culturales, medios de comunicación y dominación. Somos miembros promotores de la Coordinación Colombiana de Medios Alternativos CCMA.

lunes, 25 de julio de 2011

LA ACTUAL RECONQUISTA ESPAÑOLA

Por: Carlos Jaime Fajardo

Julio 25 de 2011

Quien creyera que después de 200 años los colombianos, como mitayos le entregamos varios días de nuestro trabajo a los españoles, por medio del pago de los recibos de servicios públicos, pues estos son dueños de mega monopolios que a diario conviven con nosotros. Endesa —propietaria de Emgesa y Codensa y Unión Fenosa —dueña de Electricaribe, EPSA y Electrocosta, que tienen que ver con la electrificación; Gas Natural se mete en las cocinas; Aguas de Barcelona, la empresa Canal de Isabel II y la valenciana Tecvasa, que son copropietarias de la compañía Canal Extensia, con gran presencia en ciudades de la costa, tienen que ver con el servicio del agua; Telefónica en telefonía móvil y fija por medio de Movistar y el 09 , con las telecomunicaciones, es decir gran parte del salario se lo llevan estas multinacionales.

Dichos monopolios han terminado siendo dueños de parte del patrimonio público de la nación, siendo los segundos mayores inversionistas extranjeros en el país, por medio de las políticas privatizadoras de los diferentes gobiernos, como sucedió con la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), en el año 1997, que terminó siendo de Endesa por medio de diferentes manejos comerciales; Gas Natural que era estatal, fue comprada ese mismo año por la multinacional española del mismo nombre; Granahorrar que era un banco estatal lo compró el BBVA en el año 2005; Telecom empresa de comunicaciones, lo compró Telefónica en el año 2006.

En cuanto a impactos a poblaciones indígenas, que fueron las más golpeadas durante el periodo de la conquista española, hoy dos multinacionales afectan sus territorios: en el departamento de Arauca con la petrolera Repsol afectando a los indígenas U'wa y Guahibo y en el departamento del Cauca está EPSA, que inundó territorios de pueblos indígenas para construir la represa La Salvajina y pretende desviar el rio Ovejas para la misma.

Para completar la reconquista, han invertido en aspectos culturales e ideológicos, como sucede con la compra de Caracol radio, por medio del grupo Prisa, difundiendo noticias y música de sus intereses, la compra del periódico El Tiempo por parte de la Editorial Planeta, y en el caso de los colegios la producción de textos escolares como los de la editorial Santillana, para difundir su versión de la historia, entre otros casos.

Como si fuera poco, el 18 de julio pasado el presidente Santos, haciendo alarde de criollo realista, invitó a grandes empresarios españoles para que siguieran disfrutando de la explotación de nuestro país, ahora para invertir en infraestructura vial, transporte, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, es decir vivimos otra reconquista española.

domingo, 17 de julio de 2011

LA SOBERANÍA EN DISPUTA

Por: Carlos Jaime Fajardo
Revista Viento del Sur
17 de julio de 2011

Después de 200 años de proclamada la Independencia, la soberanía nacional en Colombia está en disputa, pues gran parte de las medidas económicas, políticas y militares son impuestas por organismos y presidentes extranjeros, mientras una significativa parte del pueblo se opone a ellas.

Un caso particular es la minería, actividad profundizada por los últimos presidentes, diseñando medidas como el código minero, batallones de alta montaña, rebaja de impuestos a los inversionistas extranjeros, criminalizar la pequeña minería, mientras otros actores de forma ilegal masacran y desplazan población.

Para comprender el saqueo al que se somete nuestra nación, veamos algunas cifras: en el gobierno Uribe, el promedio de títulos mineros aprobados en el 2009 fue de 700 por mes; durante sus mandatos se entregó un área equivalente al 10% del territorio nacional, luego llegó Santos quien a finales del 2010 entregó el 23% del territorio a 27 bloques de exploración en manos de multinacionales y su proyección es llegar al 51%. Un caso emblemático es el departamento del Cesar, donde el 90% del territorio, es decir 183.300 hectáreas fue solicitado para la exploración de carbón.

Sobre cuánto beneficio deja, que es el principal argumento del gobierno, por cada 100 pesos generados por la explotación de los Recursos Naturales No Renovables (RNNR) quedan 22, siendo el índice mas bajo en el continente; con exenciones tributarias hasta del 125% por inversión en tecnología, capacitación e infraestructura; tan sólo genera el 1% del empleo del país, es decir no es el gran desarrollo para la nación.

Ante esta situación, pobladores de diferentes regiones, han adelantado acciones en defensa de la soberanía, como sucede en los santanderes contra la multinacional Greystar que pretende explotar y destruir el páramo de Santurbán; en el Tolima contra la multinacional AngloGold Ashanti que busca extraer oro en el municipio de Cajamarca; en Caldas, contra la multinacional Medoro Resources que pretende desplazar a los habitantes del municipio de Marmato; en Cauca, contra la empresa Corpoandes en el municipio del Tambo; entre muchos otros casos.

Por lo anterior, se hace necesario que el conjunto de la sociedad, genere espacios de debate y defensa de nuestra soberanía, tomando ejemplos de la región, como Bolivia que nacionalizó el gas y el petróleo en 2005, Chile el cobre en 1971, Venezuela diferentes sectores en la última década.

lunes, 11 de julio de 2011

SANTOS DESESPERADO ANTE LA INSURGENCIA





Por: Carlos Jaime Fajardo

Revita Viento del Sur

11 de Julio de 2011


Indudablemente el conflicto armado que se vive en el país tiene causas estructurales que deben ser resueltas, sin embargo, éste se incrementa por las agitaciones de la industria militar para obtener ganancias, como es el grupo social empresarial de la defensa. Particularmente en el caso del departamento del Cauca, región de gran riqueza en recursos naturales y minerales la disputa por el control territorial se ha agudizado. Desde hace meses las fuerzas militares desplegaron una campaña de cerco a los frentes guerrilleros que operan en la zona, sin lograr el objetivo propuesto, debido a las raíces históricas de la insurgencia en la región, el abandono del Estado a sus habitantes, las condiciones geográficas y climáticas, lo cual ha llevado a cuestionar la capacidad militar del Estado.

En ese contexto, los sucesos del pasado 9 de julio en diferentes municipios del norte del departamento, entre ellos Toribío, Corinto y el corregimiento de Siberia, donde la insurgencia atacó, así como los combates en Caldono, han llevado al gobierno Santos al desespero.

Entre las medidas propuestas para la región, está el incremento del pie de fuerza de ejercito y policía y la creación de un batallón de alta montaña en Tacueyó, pero nada se dijo de arreglar las carreteras secundarias destruidas por el invierno y el abandono estatal, ni nada sobre la crisis de salud que vive el departamento, nada de inversión social; sin embargo ante dicho desespero, propuso violar el Derecho Internacional Humanitario.

El titulo IV del protocolo II adicional a los convenios de Ginebra, considera que por ningún motivo se debe atacar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, como son las viviendas, sin embargo el presidente Santos en el consejo de seguridad realizado en Popayán capital caucana y argumentando que la insurgencia las utiliza, afirmó: “hemos tomado la medida que de hoy en adelante se destruirán las casas que utilice el terrorismo para atacar la fuerza publica o a la población”. Como ya se dijo, destruir viviendas de los habitantes del norte del Cauca, para combatir la insurgencia, aumenta el riesgo de los moradores y por ende es violar el Derecho Internacional Humanitario, DIH, siendo sin duda una medida desesperada. Este fin de semana ya se bombardearon casas en San Pablo (Bolívar), provocando desplazamiento de sesenta familias campesinas.

Por lo tanto se requiere que los organismos de control como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos, y los medios de comunicación comerciales y alternativos, hagan presencia en la zona para evitar abusos contra los campesinos e indígenas caucanos, que en su mayoría viven en condiciones precarias.

sábado, 9 de julio de 2011

AL PUEBLO NUNCA LE TOCA

Por: Carlos Jaime Fajardo
Julio 9 de 2011










En días pasados se difundieron con bombos y platillos cifras que muestran a un gobierno victorioso, entre ellas, que el presidente Santos tiene un 75% de favorabilidad, que la economía creció el 5.1 % en el trimestre y que el Congreso de Estados Unidos aprobó el TLC en el proceso de simulación, pero poco se difunden cifras que vulneran al la mayoría de los colombianos, las cuales muestran que al pueblo nunca le toca, como lo expresó el escritor Álvaro Solón Becerra al retratar las pugnas entre liberales y conservadores.

En cuanto a las condiciones laborales, para mover el aparato productivo y alcanzar el mencionado crecimiento, vale recordar que 170 trabajadores han muerto en los últimos cinco meses en sus puestos de trabajo, principalmente en sectores de minería y de calderas; que el desempleo se mantiene en un 11.3% con mas de 2.5 millones de colombianos sin trabajo, a pesar de ser cifras del DANE, que en su generalidad miente, pues tan sólo de indigencia existen mas de 7 millones, ¿y cuál indigente tiene empleo?. Esto sin mencionar los innumerables vendedores informales que a diario pierden sus mercancías por los constantes atropellos de la policía.

Ni que decir de la salud, pues muchos colombianos están abocados a dejar de ser atendidos por el incumplimiento de las EPS, por ejemplo, en el departamento del Cauca, estas adeudan a los hospitales cerca de 100.000 millones de pesos, razón por lo cual se tendrá que cerrar la atención a los usuarios a partir del 10 de este mes, situación que se vive en todas las regiones.

En cuanto a las garantías democráticas, 400.000 familias que fueron despojadas de sus tierras no podrán protestar, pues si lo hacen serán excluidas de los prometidos beneficios; durante el gobierno Santos, se han asesinado por lo menos 22 líderes defensores de las víctimas y de derechos humanos; respecto a la libertad de prensa, las amenazas continúan, en lo que va corrido del año son 58 periodistas en tales condiciones; las masacres contra campesinos de diferentes regiones, se siguen presentando; la desaparición forzada se mantiene, tan solo en Antioquia van 407 personas desaparecidas este año y en las cárceles existen 7.500 presos políticos, es decir por pensar diferente

Sin duda, pueden mencionarse muchas otras cifras que afectan al pueblo, sin embargo con lo expuesto es evidente que sus acuerdos por la prosperidad son un modelo que despeja la vía para mayor enriquecimiento de las élites y es el despeñadero para el pueblo colombiano.