UNASUR EN BARILOCHE Y LOS DIEZ REVESES DE URIBE

Por
Carlos Jaime Fajardo
Revista Viento del Sur
Agosto 30 de 2009

Si bien la declaración de UNASUR del pasado 28 de agosto no fue contundente y el acuerdo entre Uribe y los EE.UU para instalar bases militares sigue adelante, es necesario mencionar los reveses que tuvo el presidente colombiano en tal reunión.

Esta foto puede estar protegida por derechos de autor a continuación el enlace donde se muestra como en el original:http://cubaout.wordpress.com/2009/08/29/cristina-en-geopolitica-unasur/

Pese a que los grandes medios de comunicación en Colombia han venido mostrando como gran triunfador a Uribe en Bariloche, vale la pena darle un repaso a lo que se trató en tal evento. En ese sentido considero que Uribe tuvo diez reveses que desvirtúan las noticias triunfalistas de tales medios de comunicación y que además el éxito de la famosa “gira muda” no existió como nos lo hicieron ver semanas atrás.

1. Tal vez el primer revés fue la transmisión del evento, a pesar de haber sido una propuesta del mismo Uribe, esto se constituyó en su primer tropiezo, ya que ello permitió al subcontinente y en particular al pueblo colombiano, escuchar los diferentes puntos de vista y el rechazo casi unánime a la presencia de bases militares en la región. Afortunadamente tal transmisión permite identificar los demás reveses.

2. Según Uribe, la presencia de tales bases es para la lucha contra el narcotráfico, pero Chávez con un documento público del Comando Sur de los Estados Unidos mostró cómo dichas bases hacen parte de la estrategia de dominación del imperialismo en la región, a tal punto que la reunión se concentró principalmente en debatir ese tema y no en la llamada corresponsabilidad en la lucha contra el “terrorismo” que era donde Uribe buscaba centrar el evento.

3. Uribe argumenta que el Plan Colombia como la “ayuda” de EE.UU es vital para la lucha contra el narcotráfico, tal argumento lo desmontó Correa al exponer cifras comparativas entre la política de lucha contra el narcotráfico de Colombia y Ecuador, así como datos sobre el auge del narcotráfico antes y después de la DEA en el vecino país, mostrando que la intervención de los EE.UU en tal lucha es un fracaso. En este punto Lula cuestionó los acuerdos militares desde 1952 entre los gobiernos de Colombia con EE.UU., pues después de medio siglo se ha comprobado la inutilidad de tal política e hizo un llamado a diseñar políticas propias al respecto.

4. Uribe ha adelantado el acuerdo de las bases con EE.UU. de manera clandestina, después de la reunión de Bariloche este será público y discutido en el Consejo de Seguridad de UNASUR, de esta manera el pueblo colombiano lo podrá conocer, pues hasta la fecha ni siquiera el Congreso ni el Consejo de Estado que son órganos constitucionales facultados para aprobar tales acuerdos lo conocen.

5. UNASUR aprobó crear una comisión especial para la verificación sobre qué equipo militar tanto aéreo como logístico es el que se va a utilizar en tales bases, pues hay duda en que se necesiten aviones de combate como los C17 para tal fin, si llega a comprobarse que son bases que inciden en la seguridad de otros países, UNASUR las rechazará. Debe destacarse que esta fue una propuesta inicial del aliado de Uribe, Alan García.

6. La reunión permitió ver que la política de Uribe que está ligada incondicionalmente a los EE.UU., no tiene acogida en la región, pues como dicen varios analistas Uribe está solo, a pesar de los matices políticos de los gobernantes suramericanos. Debe aclararse que es Uribe y no Colombia en general ni el pueblo en particular quienes están solos en la región.

7. Se ha afirmado que la inclusión del término “terrorismo” en la declaración final es un triunfo de Uribe, al respecto hay que decir que Correa aún en el marco de esa reunión dijo que la agresión de EE.UU contra Irak fue terrorismo, de igual manera Chávez señaló que Carmona el ex golpista es un terrorista y ninguno de los asistentes a la cumbre dijo que las FARC lo fueran, al respecto sólo el gobierno peruano es quien años atrás ha adoptado la denominación de EE.UU sobre las FARC. Por ello se presentó una proposición para debatir tal concepto en una futura reunión de UNASUR.

8. Respecto a la llamada carrera armamentista, se mostró cómo el tamaño de las fuerzas militares colombianas es el más grande del subcontinente, con alto gasto militar, mostrando su incapacidad para atacar el narcotráfico, no obstante Uribe a diario dice que su política es un éxito total.

9. Un tema que propuso Uribe sin estar en la agenda, fue la petición al gobierno de Ecuador para que no enjuiciara al ex ministro de guerra y los altos mandos militares por la incursión al Ecuador el 1 de marzo de 2008, a lo que le respondieron que allá la justicia no era de bolsillo.

10. Finalmente el pueblo colombiano se dio cuenta que no está solo en su lucha por la soberanía nacional y contra la presencia de bases estadounidenses en Colombia, esto sin duda constituye otro revés para Uribe, pues anima a quienes nos oponemos a tales bases expedicionarias.

Con certeza cuando Uribe condicionó su participación en la reunión de Bariloche a la transmisión en directo del evento, “pensó que iba a volar muy alto sin reveses, pero en realidad aterrizó en las ramas”1, a tal punto que hoy es un debate internacional el tema de las bases, dejando de lado la mudez que el presidente Uribe pretendía, por eso los grandes medios de comunicación lo que están es amortiguando el golpe con su opinión triunfalista.

Por tanto considero que la reunión de UNASUR nos dio una manita en el rechazo a las “nuevas bases” del imperialismo en territorio colombiano, pero la principal responsabilidad está en el pueblo y en los sectores progresistas que sentimos vulnerada aún más nuestra soberanía y dignidad, por ende es vital seguir expresando nuestro rechazo a tal acuerdo neocolonial.

Nota

1. Esta frase la utilizó Augusto Ramírez Ocampo al referirse a Lula en dicha reunión, pero creo que a quien mejor se aplica es a Uribe Vélez.

Revista Viento del Sur aporta a la construcción de una plena democracia.

EL “ESTADO DE OPINIÓN” TERCERA FASE DEL FASCISMO, AGONÍA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO

Por:

Carlos Jaime Fajardo
Revista viento del sur
13 de agosto de 2009

Duque, Mancuso e Izasa, paramilitares en el Congreso.
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dossierpolitico.blogspot.com/2008_03_30_archi..

El pasado 20 de julio, el presidente Uribe volvió a mencionar el concepto “Estado de opinión”, considerándolo como la fase superior del Estado social de derecho. Para entender a que se refiere, es necesario abordar algunas características del régimen actual y cómo se ha ido configurando en las últimas 2 décadas, particularmente en los de su gobierno.

Lo primero que hay que decir es que un régimen como el existente en Colombia tiene como blanco de sus ataques la ideología liberal y la ideología de izquierda, lo que se ha expresado en diferentes formas de lucha, pues el régimen actual combina elementos tanto legales como ilegales, tanto materiales como ideológicos. Por ende no se puede reducir tal régimen al quehacer institucional ni a la figura presidencial a pesar de ser quien lo conduce. En cuanto a la combinación de lo legal con lo ilegal la justicia ha comprobado nexos entre funcionarios del gobierno, congresistas, militares y empresarios con los grupos paramilitares. Respecto a lo ideológico, tal régimen considera a la izquierda “terrorista” y los liberales, cuando critican su gobierno, como auxiliadores de ésta, al respecto se pueden citar innumerables casos.

Aunque al interior de quienes promueven el modelo hay divergencias y por ende no todo es coordinado, lo cierto es que todas las vertientes confluyen en el objetivo de instaurar en Colombia un régimen cada vez más antidemocrático.

Si bien, de antemano en la historia reciente de Colombia se han presentado intentos de imponer regimenes fascistas como fue el caso con Laureano Gómez en la década del 40 y con las políticas de Turbay Ayala en la del 70, es importante detenerse a analizar el actual proyecto que logró hacerlo y se encuentra en proceso de consolidación.

Por ello, a continuación se realiza una breve descripción de tres fases por las que ha pasado el modelo fascista en Colombia, aclarando de antemano que elementos de una se entrelazan con la otra.


1ª Fase de emergencia regional del fascismo.

Recuérdese que este proyecto viene desde los años 80 con escuadrones de la muerte como “los masetos” y “la mano negra”; en esa década tal vez un hecho significativo fue la creación del Movimiento de Reconstrucción Nacional, MORENA, liderado por alias Ernesto Báez cuando fue alcalde de Cimitarra, de igual manera hay que mencionar la creación de las CONVIVIR en la década delos 90, en Antioquia cuando Uribe Vélez fue gobernador. En tales décadas la presencia de los mercenarios internacionales quienes iniciaron el entrenamiento de grupos de autodefensa, que en un inicio tuvieron como objetivo militar a las guerrillas y posteriormente a los comunistas y dirigentes sociales, se constituye en otro acontecimiento relevante.

Antes del año 2000 los actores fascistas tuvieron principalmente presencia regional, allí el Estado social de derecho sin duda fue remplazado por los actores de extrema derecha, proceso en el cual aplicaron diferentes modelos de control político y militar, como por ejemplo el chucureño y el trujillense .

En este periodo de emergencia regional del fascismo es evidente que la izquierda fue el objetivo principal, el asesinato de militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica, expresa claramente dicha afirmación.

Posteriormente de lo regional y de lo militar se hace un transito a lo nacional y a lo político, vale recordar el documento de Mancuso titulado “De una orilla a la otra”, de finales de la década del 90, en el que se orientaba darle importancia a construir una base social del proyecto; de igual manera la unificación de las autodefensas regionales en Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en ese mismo periodo, van a darle proyección nacional.

En esa dirección, la relación de alcaldes, gobernadores, representantes a la cámara y senadores, promueven, financian y se constituyen en voceros de tal proyecto, son quienes hoy hacen parte de la llamada parapolítica.

Todo ello acompañado de ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones, el desplazamiento y todas las formas más antidemocráticas que se aplicaron en múltiples regiones del país. Hoy por innumerables declaraciones de los implicados se sabe que todo ello ocurrió con la complicidad de entidades, instituciones y funcionarios del Estado. Esta primera fase de emergencia con expresión regional del modelo fascista fue tejiendo un proceso en diferentes ámbitos, logrando someter a instituciones estatales regionales y locales a sus proyectos de rentabilidad y muerte.

Tal proyecto encontró a comienzos del siglo XXI , con el gobierno de Pastrana Arango, una sociedad en crisis, económica, política y espiritual , en donde ni la izquierda tanto armada como no armada, ni el gobierno como tal le daba salidas a tal condición, situación favorable para el ascenso de la propuesta fascista, que unida a la opinión tanto de los medios de comunicación como de intelectuales de derecha que empezaron a proponer la necesidad de un gobierno de mano dura como el de Fujimori, facilitó que la figura de Uribe Vélez emergiera como la única opción; con un contexto internacional favorable, pues con los sucesos de las torres gemelas, se inició la llamada lucha contra el terrorismo, lo que justificó todo tipo de medidas antidemocráticas.


2ª Fase de institucionalización del modelo fascista.

Sin duda el triunfo de Uribe Vélez con mas de seis millones de votos en primera vuelta, lleva a que el modelo fascista, inicie con relativa facilidad su proceso de institucionalización, por ello a los cinco días de posesionarse, declaró el estado de conmoción interior, lo cual le dio un periodo de 180 días para establecer medidas económicas, políticas y militares especiales, recuérdese que se decía que para un país anormal se requería leyes anormales, incluso el ministro del interior del momento Londoño Hoyos, consideraba fundamental volver al estado de sitio y proponía reformar para tales fines la constitución del 91.

En ese mismo mes de agosto, se expidió el decreto sobre las zonas de rehabilitación y consolidación en donde se recortaron las garantías civiles y políticas, a tal punto que el comandante militar era quien asumía la gobernabilidad del territorio, en tales no se permitía el tránsito de periodistas extranjeros y se empadronó a la población, afortunadamente la Corte Constitucional consideró inexequible tal decreto. El llamado estatuto antiterrorista que se presentó meses más tarde, que entre otras cosas autorizaba las “chuzadas” telefónicas fue también declarado inexequible pero esta medida al fin de cuentas se aplicó posteriormente de facto, como se evidenció con los escándalos del DAS, en lo que no se salvaron ni los funcionarios de la OEA.

Luego con Santa Fe de Ralito y la consecuente ley de Justicia y Paz hecha a la medida para legalizar bienes acumulados por los procesos regionales del fascismo, junto a los procesos de impunidad fueron dándole legalidad y legitimidad al proyecto, a tal punto que voceros de los paramilitares visitan el Congreso y el ejecutivo busca darles estatus político. A pesar de ser sindicados y detenidos por parapolítica innumerables congresistas no se ha logrado establecer la responsabilidad de sucesos en los departamentos donde ellos adelantaban su quehacer delictivo.

Por otra parte se implementaron los consejos comunitarios todos los sábados y en diferentes regiones, en donde además de constituir una forma de propaganda del modelo, a su vez los tres poderes públicos se disuelven temporalmente pues el ejecutivo cumple funciones de juez, legislador, contralor y asignador de gastos públicos. Basado en el Estado Comunitario, en esta fase, se promovieron políticas y corrientes ideológicas de control, orden, homogenización del pensamiento mezclado con el individualismo neoliberal.

Dicha propuesta logra ganar base social, no sólo por los consejos comunitarios y por la propaganda en los grandes medios de comunicación sino que la utilización de programas asistenciales como familias y jóvenes en acción, bonos para la tercera edad, etc. hace que algunos sectores populares lo aprueben, lo que conlleva a altos índices de popularidad que en momentos ha superado el 80%, esto sobre la base de procesos sistemáticos de despolitización del pueblo en general.

En esta fase, el régimen en términos generales no ha derrumbado el orden constitucional vigente a pesar de sus intentos, pero el logro de la reelección que estremeció el espíritu de la constitución y el fortalecimiento del poder ejecutivo ha minado lo que se conoce como los pesos y contrapesos de la democracia liberal. En tal fase, la acumulación capitalista logra los índices más altos llegando cerca de 7 puntos del PIB, fruto de la flexibilización laboral, el saqueo de recursos naturales y la entrega de empresas estatales a megamonopolios y la constitución de megaproyectos tanto mineros como agroindustriales, forjando con ello un gran botín que ha llevado a pugnas entre voceros y aliados del modelo.


3ª Fase del Estado de opinión, agonía del Estado social de derecho.

Sobre la base de la institucionalización del modelo fascista, con el reencauche de los escuadrones de la muerte, con base social y la pugna al interior de los fascistas por quién debe conducir el modelo, hoy se habla de avanzar por medio del “Estado de opinión”.

Vale precisar que desde la teoría política no es clara la denominación de tal tipo de Estado, por ende se requiere observar los hechos para llenar de contenido tal acepción.

En esta fase del llamado “Estado de opinión”, se utilizan formas de opinión que buscan intimidar a la población, en ese sentido vale destacar que tal vez nunca en la historia de Colombia se había dado una campaña de amenazas y control por medio de panfletos, en los que se anunciaban jornadas de limpieza y se imponía el toque de queda a las 10 pm en casi todo el territorio nacional, como sucedió a finales del año 2008, logrando crear terror en los sectores populares, pues hasta la pobreza fue criminalizada.

La otra expresión del “Estado de opinión” tiene que ver con invocar al pueblo para que legitime medidas anticonstitucionales, por ello, generar movimientos de opinión, utilizando referéndum, plebiscitos, papeletas, invocando el sentir popular y discursos chovinistas en la supuesta defensa de la patria, está al orden del día, con los que se pretende enfrentar la relativa independencia de los otros poderes públicos y justificar cierre de instituciones o la implementación de medidas excepcionales.

En ese panorama, la existencia de instituciones demoliberales del Estado social de derecho, son un obstáculo para los objetivos del régimen, como por ejemplo las Cortes, que han entrabado no sólo intereses políticos sino económicos; también debe mencionarse que la pugna al interior de la bancada uribista en el Congreso que ha dificultado en momentos el avance del modelo, como por ejemplo el tramite del referendo reeleccionista, los constituyen en un blanco del proceso.

En ese contexto, es que hoy se utiliza la herramienta política del “Estado de opinión” para hacer caso omiso a las decisiones del poder judicial o legislativo y convocar el “tercer Estado”, en nombre de la democracia.

Con tal propuesta, sin duda lo que se busca es desconocer la legalidad y constitucionalidad que aún rigen a la sociedad colombiana, para imponer alguno de los modelos fascistas que emergieron en las regiones pero con institucionalidad propia y cobertura nacional, como lo dijo Jaime Garzón hace 11 años al referirse a las intenciones de Uribe para el país, “él (Uribe) vislumbra a este gran país como una zona de orden público total, es decir como un solo CONVIVIR” .

Si bien esto está atravesado por una coyuntura como es el referéndum reeleccionista, la propuesta de desconocer el orden constitucional con la utilización del “Estado de opinión” es sin duda una fase de mas largo plazo necesaria en el actual régimen para asegurar su plena consolidación, ya sea con la segunda reelección de Uribe o mecanismos de fuerza que puedan utilizar, con Uribe o sin Uribe.

Pues, los privilegios económicos y políticos que han logrado un puñado de los sectores dominantes con este régimen, con certeza no serán cedidos fácilmente aceptando las reglas de la democracia liberal, por ello, acudirán a cualquier triquiñuela para mantenerse, ya sea golpes, autogolpes, carros bomba, guerras fronterizas, etc., en fin se inventarán cualquier hecatombe que los justifique.

Por todo lo anterior me atrevo a opinar que hoy en Colombia acudimos a la tercera fase del fascismo y a la agonía del Estado Social de Derecho, lo que unido a la dispersión y debilidad de la oposición y la izquierda en particular, hace más complejo el panorama, pero no por ello sin alternativas para apostarle a construir una plena democracia.

Revista Viento del Sur aporta a la construcción de una plena democracia.

Globos y realidad a propósito del Bicentenario

Por
Carlos Jaime Fajardo
Revista Viento del Sur.
Julio 20 de 2009


Sin duda la conmemoración del 20 de julio debe perdurar en la memoria histórica, pues significa un paso en la búsqueda de la independencia, lo que no entiendo es por qué los globos y los conciertos que se han realizado en el 2009 para homenajear esta fecha.

Ante tal eufórica celebración es bueno refrescar un poco la memoria, tal vez ello nos permita entender por qué están tan felices.

El libro Las Venas Abiertas de América Latina, del escritor uruguayo, Eduardo Galeano, del cual Chávez regaló un ejemplar a Barack Obama y que al columnista de CARACOL Ernesto Yangure le hiere que se desempolve, ilustra el proceso transcurrido, documento en el cual me apoyo para hacerle honor a la memoria y relacionarlo con la actualidad.


SAQUEADORES DEL ORO

En cuanto a una riqueza como el oro, los conquistadores y la colonia, saquearon a América de manera brutal, según Eduardo Galeano “Antes de que Francisco Pizarro degollara al inca Atahualpa, le arrancó un rescate en “andas de oro y plata que pesaban más de veinte mil marcos de plata, fina, un millón y trescientos veintiséis mil escudos de oro finísimo... “. Después se lanzó sobre el Cuzco para saquear el Templo del Sol. Casos como este se repitieron en toda la región.

Cuántos han pensado que con la independencia esto ya no volvería a suceder, sin embargo los saqueadores aún están con complacencia de criollos traidores, por ejemplo, en el articulo de El Tiempo “Lo que Colombia ofrece”, del día 23 de enero de 2006, se da cuenta de la licitación a tres áreas con potencial aurífero para ofrecerlas a los inversionistas en el primer trimestre. Estas son: La Vega-Almaguer (Cauca) con 3.625 hectáreas; Pantanos Pegadorcito (Dabeiba y Frontino, Antioquia) con 2.800 hectáreas; y Piedra Ancha-Guachavez (Nariño) con 9.856 hectáreas.

Pero, ¿quiénes se van a beneficiar de esta feria de recursos mineros? Según el artículo de la revista Semana “Cazadores de tesoros”, del mes de noviembre de 2005, se puede evidenciar que la multinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti, la segunda del sector en el mundo, explorará oro en 1,2 millones de hectáreas distribuidas en varias zonas de Bolívar y Antioquia, además de los trabajos que hoy adelanta en Cauca y Nariño. La multinacional Colombia Goldfields, radicada en Canadá, firmó acuerdos para explorar el metal precioso en Antioquia y Caldas, con inversiones que podrían llegar a los 200 millones de dólares en los próximos cinco años, la que alistó sus acciones en las bolsas de Francfort y Berlín, anunciando que su proyecto de Caramanta (en las montañas de Marmato) promete rendimientos de hasta el 100% en los próximos años. La compañía Greystar adelanta desde hace varios años inversiones de exploración minera. Es el caso del proyecto conocido como Angostura, en California, Santander. Allí se podrían extraer hasta 300 mil onzas por año, y ya hay reservas probadas de 10 millones de onzas. Hasta el momento, esta compañía ha realizado inversiones por unos 35 millones de dólares.

A principios de 2009, los medios de comunicación y organizaciones populares mostraron cómo en Cajamarca Tolima, la multinacional sudafricana Anglogold Ashanti pretende saquear el oro con graves impactos ambientales y sociales, lo cual justifican con el argumento de generar empleo, inversión extranjera y riqueza, vale recordar que en el Chocó hace décadas se adelanta explotaciones similares y lo único que han dejado es pobreza, en el caso de Cajamarca la multinacional tan sólo deja cuatro pesos por cada cien explotados. Este yacimiento interesa codiciosamente a los saqueadores ya que se considera que esta sería una de las diez explotaciones mas grandes del mundo, con la que aspiran a duplicar la cantidad de oro a nivel nacional que fue en el año 2004 de 37 toneladas, equivalente a una tractomula llena de oro, tal vez por ello dicho proyecto lo llaman “La Colosa”.

Desde principios de 2007 la multinacional ha venido acaparando las tierras de los campesinos que habitan cerca de la mina en la vereda San Luís a lo que hay que añadir los impactos ambientales debido a que tendrían que destruir casi 500 hectáreas de reserva forestal, además de que en los próximos 15 años de explotación requerirán de 1.000.000 de toneladas de explosivos; 10 veces el poder de la bomba atómica de Hiroshima; recuérdese que en minas a cielo abierto para1 kilogramo de oro, se necesita remover 130 o 150 toneladas de tierra. En "La Colosa" se estima remover 600.000 toneladas diarias; para el proyecto minero de la Anglogold Ashanti Colombia S.A., el agua que se requiere para todo el proceso es de 250.000 litros por hora y las masivas emanaciones de ácido nitroso, producto de las explotaciones, traerían consigo una inevitable lluvia ácida sobre la región . Lo peor es que para facilitar esto, el gobierno de Uribe reformó el código minero en su primer mandato.

Finalmente, vale recordar que como antecedentes para asegurar el territorio, “a mediados de agosto de 2003, fueron detenidos de manera arbitraria 59 campesinos, dejados semanas después en libertad. El 2 de noviembre fueron asesinados cinco miembros de la comunidad, entre ellos dos dirigentes sindicales y un defensor de derechos humanos; seguidamente, se produjeron desapariciones forzadas: los cuerpos de Marco Antonio Rodríguez Moreno de 63 años, Germán Bernal Vaquero de 55, Ricardo Espejo de 30 y José Céspedes de 30, fueron encontrados descuartizados en una fosa común. El 10 de abril de 2004 fueron asesinadas otras cinco personas, entre ellas un bebé de seis meses, a manos de las Fuerzas Militares pertenecientes a la VI Brigada. El Ejército y la Policía coparon y controlaron totalmente la región mediante la “Operación Pijao ”. Casualmente posterior a ello, ¡oro!, ¡oro!, ¡oro en Cajamarca!, gritaban el gobierno y la multinacional.


GENOCIDIO INDIGENA

Otro de los sucesos nefastos de la conquista y la colonia fue el genocidio contra los pueblos indígenas de América, Según Galeano, “tres años después del descubrimiento, Cristóbal Colón dirigió en persona la campaña militar contra los indígenas de la Dominicana. Un puñado de caballeros, doscientos infantes y unos cuantos perros especialmente adiestrados para el ataque diezmaron a los indios. Más de quinientos, enviados a España, fueron vendidos como esclavos en Sevilla y murieron miserablemente”. El genocidio fruto de la conquista fue la práctica en todo el territorio colonizado.

Se pensó que esto no sucedería más después de la campaña libertadora.

Sin embargo, en el siglo XXI en plena euforia por la llamada independencia, el despojo territorial se mantiene, por medio de las políticas estatales como los proyectos de Ley del Agua, Ley de Páramos, Ley Forestal, el Código Minero, para apropiarse del subsuelo, adoptando el concepto de “vuelo forestal” para apropiarse de los bosques y garantizar la inversión extranjera, con los costos sociales y ambientales que ello implica. En el caso de la Ley del Agua, en los artículos 26 y 28, se autoriza la concesión de recursos hídricos para macroproyectos hasta por cien años, como sucederá con las aguas del río Ovejas al norte del Cauca” .

En cuanto a asesinatos, recuérdese que hace 17 años ocurrió la masacre del Nilo en el departamento del Cauca, en la que el Estado reconoció su responsabilidad por la muerte de 20 comuneros y comuneras indígenas. “A finales del año 2008 la policía disparó contra estas mismas comunidades por el desarrollo de la minga de resistencia, lo que se evidenció por los medios de comunicación internacionales. Debe mencionarse el caso del asesinato del comunero Edwin Legarda dizque por no obedecer las órdenes castrenses. Van más de mil indígenas asesinados en Colombia en los últimos años. Este rosario de asesinatos tachados por la política oficial como errores, es precisamente lo que las comunidades aborígenes rechazan, denunciando que lo que existe es una política de exterminio por parte del Estado” .

Dicha política se manifiesta en el consejo comunitario del 15 de marzo de 2008 en Popayán, cuando el presidente Uribe, la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca SAG, el ejercito en cabeza de la III brigada, el fiscal, el Ministro de gobierno, etc., buscaban fórmulas para “reventar” el movimiento indígena caucano, colocándole precio a la cabeza de los líderes indígenas con el pago de recompensas. ¡ofrezca recompensas para que delaten a los invasores!, gritaba ese día Uribe, dándole ordenes al comandante de la III brigada.

Recuérdese que el gobierno no quiso firmar la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas para no tener restricciones, a tal punto que se espera a finales de julio la visita del delegado de tal organismo internacional James Anaya, para dar cuenta de los asesinatos a indígenas.


EXPLOTACION DE MANO DE OBRA

La riqueza se produce por el trabajo, de ahí que los explotadores siempre han buscado la forma de poderse apropiar de ella.

En el caso de la conquista y la colonia, recuérdese que “la cuantiosa mano de obra disponible, que era prácticamente gratuita, y la gran demanda europea por los productos americanos, llevaron al sometimiento de esclavos, mitayos y servidumbre de indígenas y negros.

La Corona consideraba tan necesaria la explotación de mano de obra, por ello recuérdese que en 1601 Felipe III dio instrucciones secretas ordenando continuar con la práctica de someter a los indígenas con trabajos inhumanos . Del mismo modo, Galeano nos recuerda que entre 1616 y 1619 el visitador y gobernador Juan de Solórzano describía que en las minas: “el mercurio penetraba en la pura médula, debilitando los miembros todos y provocando un temblor constante, muriendo los obreros, lo cual informó al Consejo de Indias y al monarca. Pero en 1631 Felipe IV ordenó que se continuara allí con el mismo sistema”.

Se pensó que después de la campaña libertadora esto no volvería a suceder.

Sin embargo, recuérdese el ofrecimiento del pasado ministro de protección social, cuando al ofertar las supuestas ventajas competitivas de Colombia en el TLC con E.U, resaltaba la abundante mano de obra barata que “ofrece” el pueblo colombiano.

Tal situación es posible por la medidas políticas del Estado como la ley 50 del 90 y la 789 del 2002 que han flexibilizado la contratación laboral para beneficiar a los mega monopolios. Hoy no se pagan las horas nocturnas antes de las diez de la noche, se terceriza la contratación, se despiden trabajadores sin indemnización, se desentienden de las prestaciones sociales con los contratos de prestación de servicios, etc., mientras tanto el presidente grita ¡viva el país de propietarios!.


SAQUEO USURERO.

Otra cuestión que debe recordarse es que gran parte de la explotación de América por parte de los colonizadores fue suplir el endeudamiento de España. “La Corona estaba hipotecada. Cedía por adelantado casi todos los cargamentos de plata a los banqueros alemanes, genoveses, flamencos y españoles .

Tal saqueo por parte de banqueros no se logró extirpar con el proceso de independencia, por ejemplo en el primer gobierno de Uribe, “el presupuesto general de la nación para el año 2004 estuvo avaluado en 77.6 billones de pesos. En términos nominales, equivale a un crecimiento de 14,5% respecto al de 2003. El pago de la deuda pública ascendió a 27,8 billones; 2.2 billones más respecto a lo que se pagó durante el año 2003. Los acreedores se quedaron con 35% de las finanzas públicas. La deuda total en el 2003 fue de 113 billones y para 2004 fue 140 billones de pesos; esto es, más de la mitad del valor de la producción anual de la economía” .

En el 2008, “el Gobierno central es el que mayor deuda acaparó, con 24.069 millones de dólares, seguido por los municipios y las entidades descentralizadas municipales, cuyo pasivo en el exterior alcanzó los 2.385 millones de dólares. Por último, las entidades descentralizadas nacionales adeudaban a finales de marzo 1.890 millones de dólares y los departamentos y entidades departamentales tenían obligaciones por 168 millones de dólares” .

“En este año el presupuesto está calculado en 125 billones de pesos de los cuales el servicio de la deuda obtendría 39 billones equivalentes a un 31%. Mientras la inversión social tuvo 21 billones lo que significa un 17%”

Para junio de 2009 el total de la deuda ascendió a 46.639 millones de dólares, las obligaciones externas del país corresponde ahora a 22,2% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que hace un año ese porcentaje era de 18,5%” .

El presupuesto para el año 2009 fue de 140.5 billones de eso se destina 37 billones para el Servicio de la deuda.

Esto se agrava cuando el imperialismo diseña políticas de devaluación a las monedas de sus neocolonias, por ejemplo a principios de 2009 la deuda por este concepto se aumentó en un 16%.

Para pagar la deuda y el sostenimiento de la guerra contra el mismo pueblo, Sarmiento en el articulo citado, considera que se utiliza el sistema de pago de impuestos directos e indirectos, “un ciudadano medio debe laborar cuatro años de su vida; esto es, cuatro años continuos de esclavitud al servicio de los aparatos burocrático, militar y financiero para tal fin.

Como si esto no le importara al gobierno, Uribe se endeudó este año por medio de un “bono global con vencimiento en 2019 por un valor nominal de US$1.000 millones.”

Ante esta situación los voceros del imperialismo adulan a Uribe, recuérdese lo que decía al respecto Lacey Gallagher, directora de América Latina de Credit Suisse First Boston de: “Uribe está atacando los problemas cívicos y financieros, por mucho tiempo considerados insolubles, y ha logrado el desembolso de fuertes sumas de dinero de entidades crediticias como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esto hace que Colombia mantenga su historial impecable de pagar sus obligaciones de deuda” .

Para lograr el famoso cumplimiento de pagar el servicio de la deuda se han tenido que firmar varios acuerdos de ajuste fiscal con el FMI, que llevan a ventas de empresas estatales, desmonte de subsidios, reforma laboral, incremento de impuestos etc.


SAQUEO DE RECURSOS NATURALES.

Sin duda el saqueo de recursos naturales en la época de la conquista es incalculable, a pesar de ello en la actualidad se sigue haciendo.

Particularmente la riqueza en el Amazonas ha sido codiciada por los nuevos Ampúdia y Cortés. Debe recordarse que en la década de los sesenta se presentó una expedición norteamericana a la Amazonía para investigar que recursos existían. Galeano nos relata que “En la inmensa región se comprobó la existencia de oro, plata, diamantes, gipsita, hematita, magnetita, tantalio, titanio, torio, uranio, cuarzo, cobre, manganeso, plomo, sulfatos, potasios, bauxita, cinc, circonio, cromo y mercurio”, además de la rica biodiversidad. Para permitir la explotación de esta región el gobierno Brasilero del momento ofreció rebaja de impuestos a la inversión extranjera.

Recuérdese que dentro de los tres principios de construcción de nación uribista, este afirma que la inversión extranjera debe tener las puertas abiertas en la feria de recursos que existe en el país, para lo cual ha exonerado de impuestos, llegando a regalarles 7.4 billones de pesos en tales rebajas . Esto sin tener en cuenta la creación de 17 zonas francas en el distrito de Bogotá, en las que tiene inversión la familia presidencial.

Además, en tal dirección de feria de recursos naturales, se puede mencionar el recurso petrolero, que el gobierno Uribe una vez reelecto anunció, con la privatización del 20% de ECOPETROL. Con el achaque de la capitalización, remedando a Sánchez de Losada en Bolivia para entregar el petróleo a las multinacionales. Ya en el año 2004 el gobierno Uribe expidió el decreto 1760, que escindió la empresa y le cambió su naturaleza, convirtiéndola en una sociedad por acciones.

“Simultáneamente, el gobierno ha implementado determinaciones en materia de política petrolera, conducentes a la desnacionalización de la industria. También decidió prorrogar los contratos de asociación del gas de La Guajira, y del crudo de Sabana de Torres y Caño Limón, beneficiando a las multinacionales Chevron, Texaco y OXY; dispuso el regreso al contrato de “concesión moderna”, que concede el 100% de la producción a las transnacionales; entregó los campos de producción directos mediante contratos de crudo incremental y alianzas estratégicas a la OXY, Schulemberger y BP entre otras; así mismo, la venta de la refinería de Cartagena y abandona deliberadamente el mantenimiento del complejo de Barrancabermeja con el fin de facilitar su desmonte y posterior privatización” .

En cuanto a la biodiversidad, Colombia posee el 10% de la biodiversidad del mundo, es el segundo país más rico en especies después de Brasil por eso con la firma del TLC, se hicieron una serie de compromisos lesivos a la soberanía nacional, ya que se permitirá que los monopolios imperialistas controlen dicho recurso.


SOMETIMIENTO MILITAR

Indudablemente el aspecto militar ha estado presente en el proceso de dominación, por ello, como dice Galeano, “La hazaña del descubrimiento de América no podría explicarse sin la tradición militar de guerra de cruzadas que imperaba en la Castilla medieval”.

Tales campañas militares eran complementadas con la dominación ideológica, por eso antes de cada entrada militar, “los capitanes de conquista debían leer a los indios, ante escribano público, un extenso y retórico requerimiento que los exhortaba a convertirse a la santa fe católica”, sopena de ser esclavizados.

La campaña militar de Pablo Morillo para reconquistar las Américas fue quebrada por la campaña libertadora de Bolívar, con la batalla de Boyacá, la de Pichincha, Junín y Carabobo, entre otras.

Se pensó que después de tal suceso no volvería la imposición militar extranjera a las antiguas colonias.

Sin embargo hoy, el principal mecanismo de los Estados Unidos para garantizar su dominio económico y geopolítico, es expandir su fuerza militar, instalando bases en todo el continente, como Iquitos (Perú), Reina Beatriz (Aruba) y Hato (Curaçao), Vieques (Puerto Rico), Guantánamo (Cuba) Soto de Cano y El Aguacate (Honduras), entre otras. El año pasado reactivó la llamada cuarta flota marítima para el Atlántico Sur, con el propósito de asegurar la región y poder saquear las riquezas de la plataforma continental como el gas y el petróleo, sin duda están codiciando el Amazonas Azul, aunque sus voceros dicen que es para ayuda humanitaria y para controlar delincuentes piratas.

En el caso colombiano, tales pretensiones de dominación se han concretado por medio de los planes de agresión, que no son exclusivos del gobierno Uribe, pues en las últimas cuatro décadas se han desarrollado varios: el “Plan Laso”, diseñado en 1964; el “Plan Andes” en 1968; el Manual Provisional para el Planeamiento de la Seguridad Nacional (1974); la “Estrategia Nacional contra la Violencia por Cesar Gaviria (1991)”. Estos planes se concibieron en la época de la Guerra Fría, aplicando la doctrina de Seguridad Nacional, sin embargo los actuales planes de agresión son diferentes en el sentido de que se enmarcan en la teoría de la Guerra Preventiva, sobre todo después de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, que no tienen la necesidad de enmascararse en medidas "democráticas", pues ahora basta considerar una nación, gobierno, grupo de población u organización política como amenaza terrorista, para justificar las intervenciones con fines "preventivos".

El plan vigente es el mal llamado Plan Colombia, recuérdese que la embajadora Anne W. Patterson dijo en el 2001 ante la reunión anual de FENALCO, que “el Plan Colombia sigue siendo la estrategia anti-terrorista más efectiva que han podido diseñar”. Pero este plan no es solo “ayuda” económica e implementos militares sino que contiene nuevos discursos anti herejías como un componente ideológico para la construcción de base social, unido a la exportación de personal mercenario, otra modalidad de intervención de Estados Unidos. Al respecto, hoy existen varias empresas privadas de mercenarios trabajando para el gobierno de Estados Unidos (Lockheed Martin, ARINC, Northrop Grumman, MPRI, DynCorp) . Entre asesores y contratistas de los E.U de manera oficial está autorizada la presencia de 1400 de estos. Los tres norteamericanos retenidos por las FARC, el que violó una niña en Melgar y el que fue descubierto transportando cocaína, son algunos de los mercenarios que gozan de inmunidad, que debería llamarse impunidad.

Ante la expulsión de los militares de E.U de la base de Manta, el gobierno de Uribe ha firmado un tratado de colaboración para instalarlos en varias bases en Colombia. Lo que le ha dado el nombre de traidor, por parte de presidentes de la región.

Tal agresión militar va de la mano con la explotación de los recursos naturales, pues no debe olvidarse lo que expuso Galeano, sobre que “los frecuentes golpes de Estado de Argentina estallaban antes o después de cada licitación petrolera”.




RÉGIMEN DEL TERROR.

Recuérdese que la muerte en la hoguera a quienes se resistieron a asumir el credo y la sujeción, era la alternativa en momentos de la santa inquisición, como dice Galeano: “América era el vasto imperio del Diablo, de redención imposible o dudosa, pero la fanática misión contra la herejía de los nativos se confundía con la fiebre que desataba, en las huestes de la conquista, el brillo de los tesoros del Nuevo Mundo”.

En su relato sobre el terror el escritor uruguayo nos cuenta que la conquista utilizó “Contados caballos, cubiertos con arreos de guerra, con los que dispersaban las masas indígenas y sembraban el terror y la muerte. En 1518 el licenciado Alonso Zuazo escribía a Carlos V desde la Dominicana: “Es vano el temor de que los negros puedan sublevarse; viudas hay en las islas de Portugal muy sosegadas con ochocientos esclavos; todo está en cómo son gobernados. Yo hallé al venir algunos negros ladinos, otros huidos a monte; azoté a unos, corté las orejas a otros; y ya no se ha venido más queja». A quienes se sublevaron, fueron los primeros colgados de las horcas en los senderos del ingenio” .

Con la campaña libertadora esto parecía quedar atrás, pero hoy también se cortan las orejas, las manos, las extremidades a quienes no acogen el credo neoliberal, sólo que hoy se hace con motosierras, pero al igual que antes con el argumento de acabar con el mal.

La doctrina de lucha contra lo que llaman terrorismo, ha desatado una casería de brujas, a diferencia de bolas de cristal y de invocaciones espirituales, hoy se utilizan computadores mágicos, que van señalando a los opositores del nuevo virrey.

El régimen del terror hoy tiene cantidad de fosas comunes llenas de herejes políticos, que se atrevieron a luchar por otra Colombia posible. Basta recordar las declaraciones de los paramilitares donde afirman con cifras de varios ceros el número de sus víctimas, por ejemplo alias “El Iguano” confesó haber incinerado más de 100 víctimas en dos hornos en Norte de Santander, Banquez Martínez jefe paramilitar confesó que en el año 2000 degollaron a 60 campesinos al son de la música en el Salado, las 300 fosas en la zona bananera atribuidas a Jorge Cuarenta, etc., con la complicidad del Estado y multinacionales como la Drummond y la Chiquita Brands, así lo declaró Mancuso, se pueden nombrar innumerables casos ; recuérdese que por eso fueron considerados héroes de la patria cuando visitaron el cuestionado Congreso de Colombia a finales de julio de 2004.

A esto hay que agregar los crímenes de Estado o mal llamados falsos positivos, en los que han caído líderes sociales, campesinos y jóvenes de barrios populares, con el único interés de sembrar el terror, cobrar recompensas y justificar con estadísticas la política de seguridad democrática; debe recordarse además toda la campaña de chuzadas telefónicas a dirigentes de la oposición, para aterrorizar sus vidas.


¿PERO QUIENES SE BENEFICIAN?.

Sin duda tal proceso de sometimiento beneficia y afecta a sectores sociales, por ende vale la pena darle un vistazo a tal situación.

Galeano nos relata que, en el caso de la colonia, “no todo el excedente se evadía hacia Europa. La economía colonial estaba regida por los mercaderes, los dueños de las minas y los grandes propietarios de tierras, quienes se repartían el usufructo de la mano de obra indígena y negra bajo la mirada celosa y omnipotente de la Corona y su principal asociada, la Iglesia”.

Vale la pena recordar algunos de los empresarios quienes se han quedado con el botín, en el régimen de Uribe Vélez.

En el 2005 que fue uno de los años de mayor crecimiento del gobierno Uribe, , las utilidades en millones de dólares beneficiaron a : ECOPETROL 1.424, Exon Móvil de Colombia 9.7, organización Terpel 37.7, almacenes Éxito 29, CONCEL 44.6, EPM 371.3, grupo nacional de chocolates 80.3, General Motors de Colmotores49.8, Chevrom Petroleum58.2, Drummond. 88.6, Organización Carulla Vivero10.5, Suludcoop, EPS 9.3, Colombia Telecom 19,6, AVIANCA 78.5, Codensa 120.2, Carrefour 16, Telefónica Móviles de Colombia 2, BP Explotations Company 236.3, Supertiendas Olímpica 9.3, Sofasa 15.2, Carbones del Cerrejón123.1, ETB 63.2, Emcali 22.3, Cerrejón Zona Norte 132.5, Hocol 119.7, Alkosto11.7. Estas utilidades sumaron para estos empresarios un total de 3.091 millón de dólares en dicho año . Un indicador de cómo la riqueza se acumula en pocas personas, es la cifra de quienes tienen que pagar el llamado impuesto al patrimonio, que lo harán 9.300 personas, de un total de 48.000.000 de colombianos, es decir menos del 0.02% de la población acaparan la riqueza del país.

En contraposición a ello se ha incrementado la pobreza al 60%, el desplazamiento a 4.000.000 ocupando el primer lugar en América y el segundo en el mundo después de Sudán, el desempleo al 14% en las ciudades ocupando el primer lugar en la región, con casi 9.000.000 de trabajadores cercanos a la tercera edad sin expectativas de una pensión, se ha aumentado la pérdida de la calidad de vida para la mayoría de los colombianos.

Entonces, señor Samuel Moreno, señor Álvaro Uribe y demás miembros del gobierno, señores de grandes medios de comunicación, respóndanme ¿por qué están tan contentos con sus globos y sus conciertos patrioterístas?; pues el saqueo del oro, el genocidio indígena, la explotación de mano de obra, el saqueo usurero, el saqueo de recursos naturales, la dominación militar y el régimen del terror, sólo alegraba a la corona, chapetones y traidores y nada tiene que ver con los patriotas y el grito de independencia y mucho menos con la campaña libertadora de Simón Bolívar.

Notas:

http://estudios, conciencia-ambiental.blogspot.com
2. Periódico Desde Abajo. Ahora sí entiendo por qué. edición No 130. Enero 19 de 2008.
3. Carlos Jaime Fajardo. Liberar la Madre Tierra. Revista Viento del Sur No. 4. Febrero 2006
4. Carlos Jaime Fajardo. Razones por las que matan indígenas. www.radio.larnr.org
5. Finot, Enrique. Nueva historia de Bolivia, Buenos Aires, 1946, citado por Galeano en Las Venas Abiertas De América Latina. Versión digital.
6. J. H. Elliott. La España imperial, Barcelona, 1965, y Earl J. Hamilton. American Treasure and the Price Revolution in Spain (1501-1650), Massachusetts, 1934 Citados por Galeano E. op cit.
7. Sarmiento Anzola, Libardo. El colapso de las finanzas públicas en Colombia. www.espaciocritico.com
8. El espectador, 5 septiembre 2008. www.elespectador.com
9. Fajardo W. Nelson. Más guerra y demagogia populista. www.indymedia.com
10. Ver www.noticias.co.
11. El espectador, 14 abril de 2009.www.elespectador.com
12. Informe de Wall Street, publicado en: www.presidencia.gov.co, diciembre 2002
13. Ver el espectador del 26 de mayo de 2009. www.elespectador.com
14. Véase al respecto: Becerra y Navarro, “Huelga petrolera y lucha popular”, en Revista Viento del Sur, N. 1, octubre de 2004
15. Carlos Jaime Fajardo. ¿Uribe el mejor de Suramérica?. En revista viento del sur No 1. octubre 2004.
16. Ortiz, Fernando. Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, La Habana, 1.963 citado por Galeano E, Op cit.
17. Al respecto ver el libro “Deuda Con La Humanidad”, editado por el CINEP.
18. Revista LATIN TRADE. Julio. 2006. www.derevistas.com

Revista Viento del Sur aporta a la construcción de una plena democracia.

"Operación Fenix en jaque"

LA OPERACIÓN FÉNIX, SU RELACIÓN CON EL PLAN COLOMBIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL

Por: Carlos Jaime Fajardo.
Revista viento del sur
Julio 2 de 2009

La “operación fénix”, en la que murió el ciudadano ecuatoriano Franklin Alsalla y
por lo que está siendo implicado Juan Manuel Santos, ha generado un debate
internacional sobre los limites o atributos que tienen los Estados en la llamada
lucha contra el terrorismo.

Sin duda tal operación se produce en el marco donde la geopolítica regional
cobra importancia para los megamonopolios y los gobiernos de las grandes
potencias, debido a la necesidad de explotar la gran riqueza de recursos
naturales y mano de obra barata que existe en la región; en el caso colombiano
la inversión extranjera con tales fines alcanza en el primer semestre de 2009
3600 millones de dólares.

En ese sentido vale mencionar que en la última década se ha venido presentando
en Latinoamérica un sinnúmero de operaciones militares, con presencia directa
de los asesores y mandos estadounidenses, “que están estrechamente unidas al
Plan Colombia, el Plan Dignidad e Iniciativa Andina, que tienen su correlato en
los ejercicios llamados Cabañas, Águila, Unitas, Cielos Centrales, Nuevos
Horizontes, todas estas piezas son parte de una misma pinza que busca
apoderarse del continente latinoamericano. En Colombia, y en el marco del Plan
Colombia se instalaron las bases de Tres Esquinas, Larandia y Puerto
Leguizamo”1.

Sin embargo, con el rechazo que el gobierno de Correa hizo a la base de Manta
la que tienen que retirar en los próximos meses, los EU propone instalarla en
territorio colombiano, chantajeando con los llamados auxilios militares. Pues no
debe olvidarse que dicho plan nació en inglés. Plan for Peace, Prosperity, and
the Strengthening of the State (Plan para la paz, la prosperidad y el
fortalecimiento del Estado), título original del proyecto de Ley S1758,
presentado y aprobado en el gobierno de Pastrana que según decían era para
luchar contra el narcotráfico, lo cual ha sido un rotundo fracaso como lo
demuestran los innumerables recientes estudios, ya que en realidad fue para
intervenir en el conflicto interno.

Por eso el suceso del pasado 1 de marzo conocido como la “operación fénix”,
cuando tropas colombianas con acompañamiento de las norteamericanas invadieron territorio ecuatoriano para atacar el campamento del insurgente Raúl
Reyes, no es un suceso aislado, sino que fue tan solo una muestra más del plan
de agresión y control geopolítico de la región, que nada tiene que ver con la
lucha contra el narcotráfico ni con la paz regional.

Desconociendo tal realidad, ante este hecho han surgido diferentes politólogos y
juristas afectos a la llamada lucha antiterrorista, que abogan por un cambio en la
normatividad internacional sobre los conflictos armados, tanto internos como
internacionales, para justificar agresiones a otros Estados sin ser cuestionados y
al contrario reconocidos como HEROES de la paz mundial, por ello es importante
no hacerle eco a tales posturas, a pesar de la generalizada opinión a su favor.

Lo cierto, es que sin duda el suceso de invasión al territorio ecuatoriano violó la
declaración fundacional de la OEA en su artículo 21, frente al respeto de la
soberanía de los Estados miembros, pero que en la actualidad las potencias
imperialistas junto con gobiernos afectos violen pactos internacionales no es
novedoso, recuérdese que después de los acuerdos de Ginebra, estos los violaron
en poco tiempo 2114 veces en Vietnam2. Similar sucedió en la invasión a Irak en
el 2003 por parte de E.U, y por tanto ha sucedido en la actual estrategia de
control geopolítico en Sur América con el Plan Colombia.

Lo nuevo es la transformación que en el orden jurídico están proponiendo desde
el año 2001 para posar de respetuosos de la ley en medio de la guerra
preventiva. “Hoy de manera hegemonizante se habla del "terrorismo como el
enemigo común", por eso Rusia pidió el ingreso a la OTAN, Pakistán apoyó la
agresión estadounidense a Afganistán, la ONU expidió la Resolución 1373 de
septiembre de 2001, la Asamblea General de la OEA adoptó y abrió a la firma la
Convención Interamericana Contra el Terrorismo el 3 de junio de 2002, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe ejecutivo del 22 de
octubre de 2002 pide que se legisle contra este delito, la Resolución de la
ONU1535 de 2004 crea la Dirección Ejecutiva del Comité Contra el Terrorismo y
el llamado Club de Madrid en marzo de 2005 hizo lo propio. Hoy en la política
internacional se niega la existencia de conflictos armados internos y no se
reconoce el derecho de un Estado a declararse neutral ante tales, ya que se
supone que todo es llanamente "terrorismo"3. En el ámbito jurídico internacional
se intenta acabar con el concepto convencional o simétrico de soberanía para dar
paso a uno relativo o asimétrico, pues en la llamada lucha contra el terrorismo
supuestamente no hay fronteras. Esto se agrava en Colombia, ya que quien no
esté de acuerdo con el Plan Colombia y la política de seguridad democrática es
considerado terrorista o auxiliador de este.

Por ello en el 2005 se presentó el suceso con el gobierno ecuatoriano en donde la
cancillería colombiana rechazó el derecho de neutralidad de ese gobierno en el



conflicto armado interno, argumentando que lo que existe es la lucha global
contra el terrorismo. En la Cumbre de Rio en marzo de 2008, a raíz de la
“operación fénix”, uno de los debates de Uribe fue exigir a Chávez que le diera
tratamiento de terroristas a las guerrillas, pero este las denominó insurgentes.

En ese alineamiento internacional, el gobierno Uribe considera que, "Dado el
carácter transnacional de los principales riesgos y amenazas, la cooperación y la
solidaridad entre los países es una condición necesaria para la seguridad de
todos"4. Por ello, dentro de su intención de internacionalizar el conflicto
colombiano, el gobierno de Uribe ha suscrito desde agosto del año 2002 por lo
menos diez convenios de cooperación bilateral con Panamá, Perú, Estados
Unidos, España, Australia, Francia y el Reino Unido, destinados a fortalecer la
capacidad militar para alcanzar los objetivos estratégicos antidemocráticos
trazados en la política de seguridad democrática.

A dichas pretensiones del gobierno Uribe los Estados de Ecuador y de Venezuela
han tomado posturas diferentes, ya que le apuestan a la estrategia del dialogo
haciendo uso del derecho de neutralidad en el conflicto interno, por lo que son
tildados de auxiliadores del “terrorismo” por parte de los E.U y el gobierno de
Uribe utilizando con frecuencia bombas mediáticas. En ese sentido uno de los
méritos de la Cumbre de Rio del año 2008, fue rescatar el principio de soberanía
ratificando el art 21 de la Carta de la OEA, en contra de la lógica
fundamentalista de no respetar fronteras.

La ruptura de relaciones diplomáticas con el Ecuador y en su momento con
Venezuela y Nicaragua, son tan sólo algunas de las consecuencias de la
inconveniencia de operaciones que desconozcan tratados internacionales, pues
con el estandarte del antiterrorismo no se puede afirmar que se “vale todo”
como en los juegos de rapiña, como lo justifican algunos sectores sociales.

En ese contexto, la orden de captura contra el ex ministro de guerra Juan
Manuel Santos, no es fortuita y probablemente no sea la única, ya que la tensión
entre las diferentes concepciones sobre el derecho internacional sigue latente.
En este último suceso vale recordar, que tal vez por coincidencia hace diez
años también se encontraba en Inglaterra Pinochet a la espera de ser
extraditado a Chile para ser condenado por sus delitos, ya que es posible que
Santos sea solicitado en extradición por el gobierno ecuatoriano a lo que no
puede esperarse demasiado por parte de los Lores.

Si bien existe un marco jurídico internacional que condena la agresión de un
Estado sobre otro y sustenta la defensa de los derechos humanos, no debe
olvidarse que tales normas son un consenso entre Estados, y que justamente por
tratarse de un consenso entre Gobiernos/Estados, la declaración va acompañada
de mecanismos paralelos de impunidad jurídica excepcionales respecto a los dirigentes políticos5, por ello tal orden de captura probablemente no dejará de ser un boom mediático, pues basados en la llamada legitimidad de la incursión al
Ecuador, se inventarán fueros, que se proclaman universales, para evitar ser
sancionados, por ende las víctimas no se reconocen y los victimarios quedan
impunes, en tal dirección el presidente Uribe creó en el consejo extraordinario
de seguridad del 1 de julio, el llamado comité gerencial, conformado por
notables juristas, para la defensa de Santos y los demás posibles implicados en la
presunta violación de la carta fundacional de la OEA con la pasada “incursión
fénix”.

Sean cuales sean los sucesos sobre el futuro del Ministro Santos, lo cierto es que por la normatividad vigente la llamada "operacion fenix" está en jaque.


NOTAS

1 García Marcelo. Estados Unidos militariza América Latina para imponer su dominación
de Imperio colonial. www.rebelio.org. 13 febrero de 2004.

2.Ho Chi Min. Textos Políticos. El Leninismo y la Liberación de los Pueblos Oprimidos (1955)
http//libroz.ar

3 Carlos Jaime Fajardo. El Pensamiento Asimétrico en la Guerra. Bogotá 2005.

4 Plan Nacional de Desarrollo. Hacia Un Estado Comunitario, 2002-2006.

5 Gallardo Helio. Las transformaciones políticas. Quito 2000.



La doctrina Uribe del conflicto

Por Carlos Jaime Fajardo
Revista Viento del Sur
15 de septiembre de 2005

La paloma que soltaron como símbolo de pureza cuando declararon inocente a Michael Jackson el pasado 14 de junio me produjo la misma indignación que cuando Álvaro Uribe lanza frases al viento diciendo que en Colombia se vive en plena democracia. A lo largo de su gobierno, llaman la atención sus discursos en los que utilizando "nuevas semánticas" niega la lucha de clases, la diferencia entre izquierda y derecha, la existencia del conflicto armado interno, entre otras realidades. Discursos que a pesar de no corresponder a la realidad social, tienen un contenido ideológico y político que va sustentando el carácter del régimen.

Un ejemplo que ilustra la doctrina Uribe con el uso de "nuevos conceptos" es el debate actual sobre si existe o no conflicto armado en Colombia, a pesar de ser éste un lenguaje de moda. Esta definición tiene repercusiones en la vida política y social del país, de ahí la importancia del debate.

El concepto de conflicto armado

Desde el punto de vista político, en la caracterización del proceso revolucionario colombiano se presentan diferentes interpretaciones, pues unos sectores de la izquierda lo consideran llanamente "conflicto armado" mientras otros lo denominan "guerra civil" o "guerra civil revolucionaria" o "guerra popular". Algunos analistas hablan de guerra civil con expresiones regionales, conflicto armado prolongado y de mediana intensidad. Más allá de este debate, debe tenerse en cuenta que la discusión que se da al respecto en el presente artículo, tiene como base el debate jurídico y sus implicaciones políticas, por tanto el propósito no es terciar en la discusión mencionada.

En ese sentido, la legislación internacional contenida en el Protocolo II, considera que éste:

"se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo I y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el Protocolo".

Por tanto no es cierto que un requisito para definir si es o no conflicto armado, desde el derecho internacional humanitario (DIH), que dicho conflicto lo provoque un partido político que en aras de la oposición haya tomado las armas, como lo argumenta José Obdulio Gaviria en el libro "Sofismas del terrorismo en Colombia".

Por su parte, Steven David define el conflicto como "una confrontación violenta cuyos orígenes echan raíz esencialmente en factores domésticos más que en factores ligados al sistema internacional, y en el cual la violencia armada transcurre esencialmente en los límites de un solo estado". (Citado por Eduardo Pizarro en "Una democracia asediada". Bogotá, Norma, 2004, pág. 46.)

Negar la existencia del conflicto no sólo corresponde a la doctrina Uribe, sino que hace parte de la ideología del imperialismo, ya que algunos asesores del Pentágono en su nueva estrategia, "la lucha contra el terrorismo", basados en la concepción de los conflictos asimétricos, empiezan a decir que la "amenaza terrorista" no se presenta sólo en países en conflicto sino también en los países en paz, de ahí la importancia de ajustar la legislación internacional para combatirlo y la necesidad de intervención en todas partes para prevenirlo.

De todos modos antes que pretender ajustar la realidad a un concepto, lo que debe de analizarse es la realidad en sí para caracterizarla. Algunos sectores del conflicto armado han centrado su accionar contra los civiles, como se demuestra en el libro "Deuda con la humanidad", editado por el Cinep en el 2005, o en las constantes redadas masivas contra civiles, desapariciones y amenazas. Esto puede dar lugar para aplicar el concepto de "guerra contra la sociedad", utilizado por Eduardo Posada Carbó en el libro "Guerra civil, el nuevo lenguaje del conflicto" (2001), pero al observar a los responsables, encontramos que en su gran mayoría corresponden a los paramilitares, en su ejecución de la "guerra sucia", al estar librados de trabas constitucionales y legales. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de todas las organizaciones ni de la generalidad del conflicto, pues las cifras de los partes de guerra de las fuerzas militares muestran el permanente enfrentamiento con fuerzas irregulares, como el aspecto principal de éste.

Aspectos legales

Llama la atención cómo desde la ideología que viene impulsando el imperialismo yanqui, la normatividad internacional se desconoce. Tal fue el caso con la agresión a Iraq que desconoció algunas medidas de la ONU, o la no firma de tratados internacionales como el estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional, incluso tratados de apariencia menos trascendental como el de Kyoto sobre la protección del medio ambiente, para no mencionar la permanente violación al DIH y los derechos humanos que en todas las partes del mundo cometen los Estados Unidos. Por su parte, el presidente Uribe hace lo propio. No en vano pidió el retiro del delegado de la ONU James Lemoyne, argumentando la no compatibilidad de enfoques sobre la situación de guerra que se vive en el país. Hoy, con argucias "lingüísticas", busca esquivar la aplicación del DIH en la guerra que se desenvuelve en Colombia.

A pesar de dichas pretensiones, además de regir el Protocolo II, que rige para los conflictos internos, como el caso colombiano, sí se tiene en cuenta el artículo primero del Protocolo I, sobre principios generales en el inciso 4, que considera que éste tiene aplicación en los casos "en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación", pues no se debe olvidar que uno de los objetivos de las guerrillas colombianas y de sectores populares es su lucha contra la dominación extranjera de los Estados Unidos, que hoy ha profundizado su intervención por medio de los llamados asesores y contratistas, recursos financieros y monitoreo económico y político del estado colombiano. Por eso hoy puede afirmarse que, además del Protocolo II, habría cabida para aplicar el Protocolo I.

Si bien es cierto que en el Protocolo II, artículo 1, inciso segundo, se considera que: "este no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados", de todos modos debe tenerse en cuenta que lo más sutil del conflicto en Colombia puede ser el ejemplo de López de Micay en el Cauca, en donde después de un partido de fútbol, entre la comunidad y la policía, esta última al no lograr el triunfo, la emprendió con sus armas contra la comunidad, el día 13 de junio de 2005.

En ese sentido, al no aplicarse el DIH, una de las normas que se aplica es la legislación interna basada en los estados de excepción como lo fue el decreto 2002 de agosto de 2002 sobre las zonas de rehabilitación, en las que la autoridad civil fue suplantada por la militar, o el intento de imponer el llamado estatuto antiterrorista en las que a todas luces eran medidas contra el pueblo.

De ahí que el presidente Uribe sostenga desde diferentes argumentos que en Colombia lo que se presenta es una "escaramuza de terroristas", negando la intensidad de la guerra, permanencia y objetivos políticos, con el único propósito de no respetar ni acogerse al protocolo II sobre los conflictos armados no internacionales y aplicar su doctrina de "seguridad democrática".

Implicaciones de la doctrina Uribe

Indudablemente, el problema no es semántico, sino que refleja lo que es el actual régimen político colombiano, que busca adelantar y legitimar cambios en diferentes aspectos, jurídicos, políticos e ideológicos, con el propósito de adelantar en Colombia la consolidación del proceso fascista.

En lo político: en primer lugar, negar la existencia del conflicto armado interno llevará a no aplicar el DIH, en particular el Protocolo II, lo que significa el no reconocimiento político a organizaciones revolucionarias, ni la existencia de presos políticos, ni acuerdos humanitarios. De ahí que el gobierno pretende abolir de la ley 418 la posibilidad de darles estatus político a las guerrillas. Sin embargo, en el artículo 64 del proyecto de "justicia y paz" ha insistido en otorgárselo a las AUC.

En lo militar: implica que se podrán utilizar cualquier tipo de armas contra los beligerantes, desde armas químicas hasta biológicas. Se dice que en algunas regiones los militares han esparcido virus contra algunos frentes guerrilleros, lo que ha sido denunciado por pobladores de Nariño y Tolima en 1999. Con esto se busca no aplicar el artículo 37 del Protocolo I, inciso 1º, que dice: "En todo conflicto armado, el derecho de las partes en conflicto a elegir los métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado", incluso las fumigaciones con glifosato como arma de destrucción contra cultivos de pancoger de los campesinos hace parte de la estrategia de tierra arrasada con propósitos militares contra las guerrillas en su lógica de menguar el abastecimiento. No en vano dichas fumigaciones se han concentrado en el sur del país, donde se ha fortalecido más la guerrilla, y no en el norte, donde hay predominio paramilitar. Otra implicación será la no distinción entre combatientes y civiles, pues esta es norma del DIH, y muy probablemente se seguirán aplicando medidas de la política de "seguridad democrática" como las redadas masivas o los constantes asesinatos de civiles pasados como combatientes guerrilleros. (En los últimos meses se presentan denuncias por los casos de Cajamarca, Arauca, Valledupar, Apartadó, Chocó, entre otros. En el caso de Cajamarca fueron llamados a juicio seis militares y en el de Arauca contra los sindicalistas también fueron llamados a juicio oficiales del ejército).

En lo diplomático: el pasado 14 de junio el ejecutivo emitió una directiva técnica a todo el cuerpo diplomático de Colombia en el exterior, en la que les prohíbe utilizar el concepto de "conflicto armado" para referirse a la situación nacional. Ya el pasado lunes 31 de enero de 2005, el presidente Uribe había invitado el cuerpo diplomático acreditado en Colombia a la Casa de Nariño, y en su discurso advirtió que en Colombia no había un conflicto armado sino una "amenaza terrorista". Posteriormente, en Cartagena, durante la reunión de los 24 países que conforman la mesa de donantes, volvió a sustentar dicha tesis. Con esta actitud evidencia la intensión de esconder y desvirtuar la realidad nacional en el ámbito internacional. Debe tenerse en cuenta que el tono de Uribe se ha venido elevando al respecto, pues en un inicio sólo decía que no había conflicto armado, mientras ahora prohíbe decir que hay conflicto, queriendo imponer un lenguaje uniforme para "caracterizar" la situación nacional para desvirtuarla.

Esto implica que ciertas ayudas humanitarias y presencia de organismos internacionales en territorio colombiano no tengan piso legal, lo cual conviene para la aplicación de la política de "seguridad democrática" y del Plan Patriota, pues a pesar de que muchos de estos organismos internacionales legitiman las agresiones imperialistas contra el pueblo, debe tenerse en cuenta que en otros casos denuncian atropellos y se convierten en los ojos del mundo en el conflicto armado colombiano.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Louise Arbour, aseguró que en Colombia sí hay conflicto armado y que esto compromete seriamente la aplicación del DIH.

La señora Arbour, al ser entrevistada al respecto, expresó: "Mi visión sobre la situación en Colombia es que se refleja un conflicto armado, continuo y prolongado. La existencia de ese conflicto es cuestión de hechos y derechos y yo creo que se necesita experiencia legal para determinar si es el caso". El 17 de junio de 2005, el delegado de la ONU para Colombia, Roberto Meyer, así como Acnur, manifestaron que si el gobierno niega la existencia del conflicto, ellos se van del país. Recientemente se presentó el suceso con el gobierno ecuatoriano en donde la cancillería colombiana rechazó el derecho de neutralidad de ese gobierno en el conflicto armado interno, argumentando que lo que existe es la lucha global contra el terrorismo. Sin embargo, a principios del mes de julio viajó al exterior en ofensiva diplomática una delegación de senadores y ministros del gobierno Uribe, para justificar la impunidad de la ley de "justicia y paz", argumentando que no ha sido posible someter a los paramilitares por la intensidad del conflicto interno.

En el plano jurídico, la consecuencia práctica al sustentar que no hay un conflicto armado interno sino una "amenaza terrorista", es que dejaría de regir el Protocolo II de Ginebra. Si no hay guerra, sino la persecución de terroristas, se elimina el delito político, se diluye la obligación de respetarle la vida al enemigo cuando se rinde, de proteger los bienes y la vida de los civiles, de respetar las misiones médicas, símbolos y lugares protegidos, y lo más preocupante la lucha contra el llamado terrorismo la regiría la legislación interna (según el DIH) basada en los estados de excepción, creada por Uribe y su bancada del 35% del cuestionado congreso.

En lo ideológico: este punto es vital para el fortalecimiento del régimen, pues implica, además de lo expuesto anteriormente, la negación del derecho de oposición, y todo el que lo haga está en el campo "terrorista". Ejemplos se han presentado ya en este gobierno, como es el caso con las oenegés y algunos medios de comunicación tachados como cajas de resonancia del "terrorismo", por el solo hecho de trasmitir noticias sobre el conflicto, o los jueces que no hacen lo que el gobierno quiere. Ideas que no sólo se lanzan al viento sino que además van siendo adoptadas por parte de la opinión pública, lo cual facilita, o incluso justifica, los atropellos contra el pueblo. De todos modos lo que se viene presentando es el intento por uniformizar las mentes a través del lenguaje para encubrir la represión.

Conclusión

Indudablemente con la doctrina Uribe se busca profundizar el conflicto armado, por ejemplo con la idea de que la población no debe ser neutral frente a las acciones de la guerrilla: "en las sociedades democráticas no hay neutralidad de los ciudadanos frente al delito", ha dicho en varios discursos. "No hay fronteras entre las fuerzas armadas y los ciudadanos". Desde el inicio de su gobierno, Uribe ha insistido en que los civiles deben tomar partido y una posición activa contra las guerrillas, por ejemplo, sirviendo como cooperantes o informantes, soldados campesinos, etc., es decir, impulsa su política de corporativismo militar, característica fundamental de su estrategia.

Es probable que para el común de las personas esta discusión no pase de ser un juego de palabras, sin consecuencias prácticas, pero lo cierto es que este debate tiene grandes implicaciones sociales y políticas, que no deben subestimarse, como se expuso anteriormente.

De todos modos, llama la atención el papel que el lenguaje viene cumpliendo en la contrainsurgencia y la agresión a los pueblos por parte de los países imperialistas y los gobiernos títeres. Recuérdese la andanada de opinión y adjetivos utilizados por Bush contra Hussein, para justificar la agresión a Iraq. Tal vez Bush y Uribe se estén basando en la teoría de que vivimos en las guerras de cuarta generación, que sustentan que un aspecto fundamental para la contrainsurgencia es la opinión pública (desinformar y desprestigiar al enemigo). En este caso, una característica de la doctrina Uribe es que busca uniformizar el lenguaje, pues también dijo que no se podía hablar de "comunidades de paz" refiriéndose al caso de San José de Apartadó en Antioquia. Ojala no prohíba que se utilice el término hambre o el de fascismo.

Así Uribe niegue la justeza de la lucha del pueblo, la realidad se impone ante esta forma de confusión que buscan imponer, ya que su doctrina tiene bases falsas y está en contra de la rueda de la historia.


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