TRIUNFO POPULAR

Por: Carlos Jaime Fajardo

Llama la atención cómo la movilización de los estudiantes universitarios en los últimos meses, con el apoyo de otros sectores sociales lograron hacer reversar al gobierno de Santos su propuesta de mercantilizar la educación superior, sobre todo porque éste confiaba que con la antidemocrática formula de la Unidad Nacional podría llevar a cabo la aprobación del proyecto de reforma a la Ley 30 sin obstáculo alguno.

Esta victoria del movimiento social y político estudiantil colombiano es significativa, pues en las últimas décadas no se ha presentado un triunfo de tal magnitud en defensa del derecho a la educación, tal vez lo mas cercano sean los sucesos de 1971, cuando la lucha estudiantil logró el cogobierno en las universidades, sacó la iglesia y los representantes de las multinacionales de los órganos directivos; aunque no se logró reversar la política del llamado Plan Básico, orientado por organismos internacionales, es un acontecimiento memorable.

En el actual triunfo, si bien al interior de la llamada Unidad Nacional se presentó una pelea entre los seguidores de Uribe y los de Santos, lo que llevó a que congresistas de la U pidieran el retiro del proyecto, el aspecto principal fue la movilización social, de ahí que además del retiro de la reforma, otro logro fundamental haya sido la unidad y conciencia que alcanzó el movimiento estudiantil, expresado en la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes, MANE, lo cual hay que preservar. Unido a dichos logros está la enseñanza a todos los colombianos de que vale la pena reclamar los derechos y no quedarse en el conformismo.

En oposición a este triunfo, el gobierno buscará imponer sus políticas neoliberales a como de lugar, pretendiendo destruir el movimiento estudiantil, ya sea confrontándolo por medio de la represión como lo sugirió el ex vicepresidente facho Santos o por medio de la cooptación como lo propone el actual vicepresidente Angelino Garzón, situación que exige mayor madurez estudiantil, dándole un trato adecuado a las diferencias políticas buscando estrechar los lazos de unidad.

Ahora el énfasis está en poder concretar la propuesta de reforma que sirva a los intereses de la nación y a los sectores populares y no a las locomotoras de la inversión extranjera como lo sueña Santos; para lograrlo se requiere formular una metodología que permita la participación y decisión de los diferentes sectores sociales, sin que dejen de movilizarse.

EXCLUSIÓN POLÍTICA Y GUERRILLAS EN COLOMBIA

Por: Carlos Jaime Fajardo

La muerte de Alfonso Cano máximo comandante político y militar del grupo insurgente que más ha persistido en el mundo en la lucha armada como medio de transformación social, debe llevarnos a la reflexión del ¿por qué surgen y se mantienen tales organizaciones?

Vale recordar que en la década del sesenta y setenta, emergieron varias guerrillas en Colombia, entre ellas las FARC, el ELN, el EPL, el M–19, entre otras, las cuales sin duda estuvieron influenciadas por el contexto internacional, pero lo principal, la exclusión política que se presentaba en ese momento en el país y no por una supuesta cultura violenta como afirman algunos analistas.

El Frente Nacional, fue como se llamó al acuerdo político entre las oligarquías liberales y conservadoras, para turnarse el gobierno y repartirse la torta burocrática, durante 16 años, de 1958 a 1974, luego de haber estado enfrentadas en guerra por más de 10 años. Durante dicho acuerdo se excluyó de posibilidades de participación política a otros sectores de la sociedad, cerrando el paso a sus propuestas reformadoras o revolucionarias. Tal vez el ejemplo más significativo de dicha exclusión sea el fraude electoral del año 1970, que dio el triunfo a Misael Pastrana arrebatándoselo a la ANAPO, cuya indignación llevó al surgimiento de la guerrilla M–19; en el caso de las FARC la represión del Estado en la década del sesenta contra campesinos que solicitaban soluciones inmediatas a sus problemas, los llevó a optar por la vía armada.

Durante las últimas décadas se han intentado varios acuerdos de paz entre las guerrillas y el Estado, algunos de ellos durante los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria y Andrés Pastrana, que han culminado con la exclusión de las propuestas de cambio de los grupos insurgentes. A finales de la década de los ochenta, los acuerdos de paz fueron destruidos por medio de la violencia estatal y paraestatal, con genocidios políticos contra movimientos como la Unión Patriótica, A Luchar y el Frente Popular. Incluso el M–19, que se muestra como ejemplo de apertura democrática del Estado, le asesinaron a su máximo dirigente Carlos Pizarro mientras otros se han plegado a las medidas oligárquicas para mantener su vigencia política.

Entonces medio siglo de existencia de guerrillas en el país, no se resuelve con la muerte o captura de alguno de sus comandantes, se logra en la medida de que sectores sociales excluidos de las decisiones políticas puedan hacerlo, lo cual implica la existencia de un Estado democrático y popular que garantice la defensa de sus intereses económicos, políticos y culturales.