LOS VAGONES DE LA MUERTE

Por: Carlos Jaime Fajardo
Revista Viento del Sur
30 de enero 2011

Una de las locomotoras que ha propuesto el actual gobierno, para la llamada prosperidad democrática, es el desarrollo minero, dentro de la que se encuentra el vagón del carbón, que ha sido noticia en los últimos días por la tragedia en Sardinata Norte de Santander.

La actividad minera colombiana en general, se realiza en 6.000 minas de explotación y exploración, con aproximadamente 30.000 socavones, fiscalizados por tan sólo 16 funcionarios del Ministerio de Minas, quienes no dan abasto para identificar las precarias condiciones laborales de dicha actividad; en el caso del carbón, esta se realiza en 18 regiones del país, dejando casi 500 mineros muertos en los últimos siete años, a causa de 375 emergencias.

El Cerrejón, es la explotación de carbón a cielo abierto más importante del país, donde opera la multinacional DRUMOND, acusada por pagar a los grupos paramilitares para asesinar sindicalistas. El ex paramilitar Libardo Duarte, alias “Bam Bam”, reveló que ellos se paseaban sin inconvenientes por las instalaciones de la multinacional y que la construcción de un tren para sacar el carbón al puerto estuvo marcada por presiones violentas y asesinatos.

De manera similar ha sucedido en otras regiones, como en el Catatumbo, donde dichos grupos desplazaron campesinos para quedarse con el negocio, también en La Jagua de Ibirico, mataron 18 agricultores para quedarse con sus tierras carboníferas.

Como si fuera poco, en dicha actividad los mineros laboran en verdaderos socavones de la muerte, a unos 150 metros de profundidad, con el riesgo de las explosiones de Metano que con frecuencia los matan, junto al polvillo que ocasiona enfermedades en sus pulmones, lo que ha llevado a la conformación de Asotred (Asociación de Trabajadores Enfermos en la Drummond), que agremia desde el 2008 a 599 trabajadores afectados en su salud por las minas. A lo anterior agréguesele el desastre ambiental, por ejemplo el polvillo que se esparce en el mar, mata toda posibilidad de vida marina.

La explotación la realizan principalmente multinacionales de Canadá, Brasil, Estados unidos, entre otras las que se quedan con jugosas ganancias, mientras los muertos y el trabajo lo colocan sectores pobres del país.

Dicha situación no se arregla con reestructurar INGEOMINAS, que fue la propuesta central de Santos en Sardinata el pasado viernes, pues la causa no es la ilegalidad, sino la lógica mercantilista, que por dinero todo vale, por tanto hay que dejar su lema de mercado hasta donde sea posible, como lo propone en su Plan de desarrollo, pues dicho criterio sólo ve dólares sin importar el desastre social y ambiental que deja en el país sus famosas locomotoras.

SANTOS PESCANDO EN RÍOS REVUELTOS

Por: Carlos Jaime Fajardo

21 enero 2011

Revista viento del sur

Sin duda las inundaciones ocasionadas por múltiples ríos, por la falta de prevención estatal ante el fenómeno de la niña, que han dejado tierras y población damnificada, está sirviendo de caballito de batalla para acentuar medidas lesivas para la nación y en beneficio de las locomotoras del saqueo. La declaración de la emergencia social, económica y ecológica, decretada por el gobierno Santos el pasado 7 de diciembre y que va hasta el 28 de este, le confiere poderes excepcionales para emitir decretos con fuerza de ley, están siendo aprovechados para pescar en los ríos revueltos.

La emergencia la han cuantificado en 15 billones de pesos, para lo cual han propuesto financiarla entre otras cosas con impuestos manteniendo el 4 por mil, ampliar la base del impuesto al patrimonio, entre otras; vender el 10% de acciones de ECOPETROL a pesar de ser la empresa más rentable del país; aplazamiento de elecciones como las del Valle, para beneficiar al vicepresidente Garzón; reforma a la salud buscando resolver los problemas financieros de las EPS; propone la reestructuración de las 32 Corporaciones Autónomas Regionales CAR, para ajustarlas a los intereses mineros, etc., medidas que no impiden que siga lloviendo, que disminuyan las personas damnificadas y las zonas afectadas.

En el caso de las CAR, no se puede negar las prácticas de corrupción y el fortín politiquero de los mandatarios departamentales, pero ello no lleva como resultado la pérdida de autonomía de los entes regionales, para concentrar en manos del presidente tales prácticas. Propone a cambio crear 16 entidades organizadas por diferentes cuencas hidrográficas, ya que la estructura departamental, les ha impedido poner de acuerdo a los funcionarios de estos entes territoriales para la explotación de las macrocuencas, pues en muchas de ellas convergen hasta tres departamentos, lo cual ha dificultado el saqueo de recursos naturales.

Las medidas de emergencia han hecho ruido con los subsidios de servicios públicos a las personas damnificadas, lo cual es absurdo, pues ¿Cómo le van a cobrar a los habitantes de Gramalote en Norte de Santander, tales servicios, si les tocó huir del casco urbano para que no se los tragara la tierra?, o ¿cómo le van a cobrar a los habitantes del sur del Atlántico, que no han podido hacer uso de estos servicios, si llevan viviendo con el agua al cuello mas de un mes?, ojalá no sea otra jugada para entregar tales subsidios directamente a las empresas del sector hoy en manos de monopolios privados.

Es decir, la crisis social, económica y ambiental, provocada por la falta de previsión del gobierno anterior y lo que va de este, está siendo aprovechada, para pescar en río revuelto, como una oportunidad para desarrollar el modelo de sociedad neoliberal o mercado, hasta donde sea posible como dice Santos, sin importarle las afectaciones a la población vulnerable, pues de lo contrario las protestas de habitantes de innumerables zonas afectadas, no se estuvieran presentando, casi todos los días, porque no les han resuelto la situación social, económica y ecológica, que se supone fue lo que generó la medida de excepción.